La Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) decidió aplazar sin fecha el inicio del juicio presentado por Mario Francisco Tadic Astorga y otras personas contra el Estado boliviano por presuntas vulneraciones a derechos humanos vinculadas con el caso del asalto al Hotel Las Américas, ocurrido en 2009. La audiencia estaba programada para este mes en Montevideo, pero ya no se realizará en ese plazo.
Mientras se espera una nueva convocatoria, la Procuraduría General del Estado (PGE) informó que en Santa Cruz sostuvo un primer acercamiento con las familias de las víctimas de aquella intervención policial, que derivó en persecuciones y encarcelamientos bajo cargos de supuesto terrorismo. El procurador general del Estado, Hugo César León La Faye, explicó a EL DEBER que el objetivo de esas familias es que se reivindique su nombre y se reconozca que no eran ellas las responsables de los hechos por los que fueron señaladas.
“Lo que ellos quieren, en realidad, es que se reivindique el nombre de todas esas familias. ‘Los terroristas no somos nosotros. Era la gente del Estado que nos ha perseguido y ha hecho lo que ha hecho con nosotros durante cuántos años’. Lo que están pidiendo es justicia”, afirmó la autoridad.
León detalló que la audiencia pública debía desarrollarse este mes, pero la Procuraduría fue notificada de que no sería posible tratar el caso en esta oportunidad y que se lo trasladaría a la siguiente sesión. Hasta ahora, sin embargo, no existe una nueva fecha confirmada. “Obviamente, nosotros tenemos todo listo para poder participar e intervenir”, señaló.
La Procuraduría también informó que, en estos meses, además de reunirse con las víctimas, envió cartas al Ministerio Público, la Policía Boliviana y la Judicatura para pedir que sus funcionarios reciban capacitación en derechos humanos, una de las recomendaciones emitidas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), organismo que remitió el informe de fondo a la Corte para la apertura del caso en la instancia internacional. Asimismo, la institución se adhirió a las denuncias presentadas por las víctimas ante la Fiscalía, como parte de las acciones orientadas a cumplir otra de las recomendaciones del sistema interamericano. “Se tiene toda la voluntad de cumplir con cada una de las conclusiones y recomendaciones y los derechos humanos de todas y cada una de las personas”, afirmó León.
En los últimos días, la Fiscalía de Santa Cruz admitió una de las denuncias presentadas contra exautoridades del gobierno de Evo Morales por presuntos delitos de lesa humanidad, tortura, vulneración de derechos y vejaciones, entre otros. Los denunciantes son Juan Carlos Guedes, Alfredo Saucedo y David Sejas.
Han pasado 17 años desde el operativo policial ejecutado en el Hotel Las Américas. El 16 de abril de 2009 murieron durante la intervención los extranjeros Eduardo Rózsa Flores, Árpád Magyarosi y Michael Dwyer. En ese momento, el gobierno de Evo Morales los señaló como parte de un grupo terrorista y separatista. Elöd Tóásó y Mario Tadic sobrevivieron al operativo y luego permanecieron privados de libertad durante seis años.
En 2012, ambos, junto con Juan Carlos Guedes y Alcides Mendoza, también procesados en el denominado caso terrorismo, acudieron a la CIDH con una denuncia por vulneraciones a sus derechos humanos. Tres años después, en 2021, la Comisión emitió el Informe de Fondo 394, en el que concluyó que el Estado boliviano era responsable por la vulneración de derechos y formuló recomendaciones. Ante el incumplimiento de esas disposiciones, el caso pasó en 2024 a la Corte IDH, máximo tribunal de justicia de la región.
