Tras el gabinete virtual encabezado por el presidente Rodrigo Paz desde Estados Unidos, el Gobierno publicó minutos antes de la medianoche del jueves el Decreto Supremo 5727, una norma que declara como prioridad del Órgano Ejecutivo la reorganización, disolución y/o liquidación de las empresas públicas del nivel central del Estado.
El decreto establece que este proceso deberá realizarse en cumplimiento del Artículo 6 de la Ley 1755, de 30 de julio de 2026, de Modificaciones al Presupuesto General del Estado – Gestión 2026. Según el Artículo 2 de la nueva disposición, la reorganización, disolución y/o liquidación de estas empresas se hará sobre la base del diagnóstico técnico elaborado por la Oficina Técnica para el Fortalecimiento de la Empresa Pública, OFEP, y aprobado por el Consejo Superior Estratégico de la Empresa Pública, COSEEP.
Una vez que el COSEEP emita la resolución que apruebe el diagnóstico técnico y recomiende la reorganización, el ministerio responsable del sector deberá realizar las gestiones para los instrumentos normativos correspondientes en un plazo máximo de 15 días hábiles. Dependiendo del nivel normativo con el que haya sido creada cada empresa pública, el proceso podrá derivar en un nuevo decreto supremo o en un anteproyecto de ley.
La norma también precisa que el inicio del proceso de reorganización no suspenderá las operaciones de las empresas públicas. Al mismo tiempo, la determinación de responsabilidades deberá tramitarse de manera paralela e independiente.
En el caso de la disolución o liquidación, el decreto señala que estos procedimientos no se suspenderán por investigaciones, auditorías o procesos administrativos destinados a establecer responsabilidades. Además, la liquidación no eximirá de responsabilidad a servidores o exservidores públicos vinculados a la gestión de alguna de estas empresas.
Hace unos días, el ministro de Economía y Finanzas Públicas, Christian Andrés Morales, anticipó que “en el muy corto plazo” comenzaría el cierre de un grupo de entre 8 y 10 empresas.
