Los gobernadores del país se declararon en estado de alerta y exigieron al Gobierno de Rodrigo Paz una compensación económica para que las gobernaciones puedan afrontar el impacto generado por la subida del precio del diésel, luego de que el Ejecutivo aprobara un decreto que eliminó la subvención a este combustible y lo vinculó al precio internacional.
La medida fue aprobada el viernes 18 de septiembre y provocó que el litro de diésel pasara de Bs 9,80 a Bs 17,95, un ajuste que encendió las alarmas no solo en las gobernaciones, sino también en las alcaldías, que advirtieron que deberán readecuar sus presupuestos para sostener los servicios que dependen de ese carburante.
En el pronunciamiento firmado en Santa Cruz el jueves, los gobernadores señalaron que los presupuestos de las gobernaciones para la gestión 2026 fueron elaborados y aprobados tomando como referencia un precio de Bs 6,73 por litro de diésel. Según advirtieron, el nuevo escenario genera un gasto adicional no previsto para el cumplimiento de las competencias departamentales y la ejecución del presupuesto ya aprobado.
Ante esa situación, las autoridades departamentales plantearon cinco exigencias al nivel central del Estado. Entre ellas, pidieron que el apoyo anunciado para la readecuación de las finanzas de las entidades territoriales autónomas sea formalizado mediante un instrumento normativo concertado con los nueve gobiernos autónomos departamentales, con fuentes de financiamiento, montos y plazos claramente definidos.
También demandaron una transferencia extraordinaria del Tesoro General de la Nación que compense la diferencia de precio del diésel consumido en la prestación de servicios y en el ejercicio de las competencias departamentales, especialmente en el mantenimiento de la red vial departamental, los servicios de salud y la operación de maquinaria y equipo. Esa compensación, según el planteamiento, debe cubrir el periodo comprendido entre la vigencia del Decreto Supremo N° 5716 y el 31 de diciembre de 2026.
Asimismo, solicitaron que el Ministerio de Economía autorice, con carácter excepcional, modificaciones presupuestarias y reasignaciones entre partidas y fuentes de financiamiento para cubrir el mayor gasto en combustibles, sin que ese desembolso sea computado dentro de los límites de gasto de funcionamiento. A ello sumaron el pedido de que en los techos presupuestarios y en el Presupuesto General del Estado de 2027 se incorpore el costo real del diésel para los gobiernos autónomos departamentales, en línea con el Programa de Readecuación Financiera Territorial aprobado mediante Decreto Supremo N° 5686.
La quinta demanda apunta a que se apliquen a los gobiernos autónomos departamentales medidas equivalentes a las que se otorguen a los gobiernos autónomos municipales, además de garantizar la provisión continua de diésel para la prestación de los servicios departamentales.
Tras la reunión realizada este 24 de septiembre en Santa Cruz, los gobernadores fijaron un plazo hasta el 31 de octubre para que el Gobierno responda a sus demandas, que están marcadas por el fin de la subvención al diésel y la redistribución del 50-50.
“Los gobernadores y gobernadoras de Bolivia nos declaramos en estado de alerta, exigimos a nivel central del Estado el cumplimiento de todos y cada uno de los puntos citados del presente documento hasta el 31 de octubre del 2026”, manifestó el gobernador de Santa Cruz, Juan Pablo Velasco, al leer las conclusiones del encuentro.
