El diputado nacional Richard López salió en defensa de la aprobación del crédito del Fondo Monetario Internacional (FMI) y rechazó que esa decisión haya sido tomada en contra de la población. A la vez, planteó que el Gobierno mantenga las subvenciones hasta fin de año y que el salario mínimo nacional suba a Bs 5.000, como una forma de amortiguar el impacto del alza del diésel y del encarecimiento general del costo de vida.
López sostuvo que el país necesita recursos y que, ante la situación económica que atraviesa Bolivia, era necesario acceder a ese financiamiento. “Sí, nosotros aprobamos el crédito, no es contra el sector”, afirmó al referirse a la postura asumida en torno al préstamo.
Sin embargo, advirtió que cualquier medida económica debe ir acompañada de acciones que reduzcan su efecto sobre la población. En ese marco, consideró que las subvenciones deberían mantenerse hasta fin de año y que también corresponde revisar los ingresos de los trabajadores. “Nosotros hemos dicho que se eleve a 5 mil bolivianos”, manifestó al insistir en su propuesta de incrementar el salario mínimo nacional.
El legislador vinculó este planteamiento con el aumento del precio del combustible, al señalar que el diésel no solo encarece el trabajo de transportistas y productores, sino que termina repercutiendo en toda la cadena de comercialización. Explicó que, por ejemplo, un productor que traslada papa desde el campo necesita contratar un camión que funciona con diésel, por lo que, si sube el combustible, también sube el costo del flete y ese incremento finalmente llega al consumidor. “Es un efecto multiplicador”, sostuvo.
En esa misma línea, López se refirió al impacto del incremento del diésel en el transporte público y afirmó que el gasto diario en combustible para las unidades del sector pasó de alrededor de Bs 100 o Bs 150 a Bs 700. Según dijo, ese salto golpea la estructura de costos y se refleja luego en los fletes y en el precio de los productos básicos.
Frente a ese escenario, consideró necesario establecer una tarifa transitoria mientras se desarrolla un estudio técnico que permita definir un monto acorde con los costos reales de operación. “Hay que sacar una tarifa transitoria mientras se hace un estudio para sacar una tarifa prácticamente real”, señaló.
El diputado también defendió al sector del transporte de las críticas que lo presentan como un actor enfrentado a la población. Recordó que los transportistas también forman parte de la sociedad y que sus familias igualmente sienten el aumento del costo de vida. En ese contexto, remarcó que quienes viven del trabajo diario no pueden absorber con facilidad los efectos de estas variaciones. “Si no trabaja al día a día, pues no gana, no come”, afirmó.
Para López, el aumento del costo del combustible genera una cadena de incrementos que termina alcanzando al transporte y a los productos de la canasta familiar. Por ello, insistió en que las medidas económicas deben ir acompañadas de decisiones orientadas a proteger los ingresos de la población.
