El vicepresidente Edmand Lara convocó para el lunes 5 de octubre, a las 15:00, a una sesión de la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP) en la que se analizará la situación del fiscal general del Estado, Róger Mariaca, luego de que Estados Unidos lo acusara de solicitar y aceptar sobornos para facilitar actividades de narcotráfico y ayudar a delincuentes violentos a evadir la justicia.
La reunión fue convocada a partir de un pedido presentado por los presidentes de las cámaras de Diputados, Roberto Castro, y de Senadores, Diego Ávila, quienes solicitaron que Mariaca se aparte del cargo mientras se esclarecen los señalamientos y que el Legislativo active los mecanismos institucionales de investigación correspondientes.
Lara, sin embargo, advirtió que una eventual destitución del Fiscal General no puede resolverse de manera inmediata en el pleno legislativo. Según explicó, si se abre un juicio de responsabilidades, debe seguirse un procedimiento específico previsto en la normativa vigente.
“El Fiscal General, cuando es objeto de un proceso, primero pasa por la Comisión de Justicia Plural y Defensa Legal del Estado, que está en Cámara de Diputados. Pasa por ahí, luego pasa a Senadores. Y en la Cámara de Senadores se conforma un Tribunal de Sentencia, donde se lleva adelante un juicio de responsabilidades aplicando el procedimiento del Código Procesal Penal”, señaló.
La Ley 260 del Ministerio Público establece que el Fiscal General debe ser juzgado mediante juicio de responsabilidades por delitos cometidos en el ejercicio de sus funciones, de acuerdo con la Constitución y la legislación específica. En esa misma línea, la Ley 044 regula el tratamiento especial para altas autoridades y contempla la intervención del Legislativo.
Lara sostuvo que solo después de una sentencia condenatoria ejecutoriada podría concretarse la destitución. “De llegar a un juicio de responsabilidades y dictarse una sentencia condenatoria, que llegue a ser ejecutoriada, recién procede la destitución del Fiscal General y la designación, en el plazo de tres meses, de un nuevo Fiscal General por la Asamblea Legislativa Plurinacional”, afirmó.
El vicepresidente estimó que todo ese proceso podría extenderse “por lo menos unos cinco meses” y cuestionó a los presidentes de ambas cámaras por haber planteado el alejamiento del fiscal sin tomar en cuenta, según dijo, esa ruta legal. “No es que opera rápidamente esto. A mí me preocupa que todo este tiempo tanto Roberto Castro y el señor Ávila no conozcan el procedimiento”, declaró.
Lara explicó además que la sesión fue fijada para el 5 de octubre con el objetivo de dar tiempo a que lleguen los antecedentes solicitados a distintas instituciones. “También se han cursado notas vía Cancillería al Departamento de Estado para que Estados Unidos remita los antecedentes, no solo de Mariaca, sino de todas las autoridades que figuran ahí en esa lista”, indicó.
El vicepresidente remarcó que esa documentación será clave para el debate legislativo. “Es importante que esa información llegue porque precisamente de eso se va a tratar en esa sesión. Si no tenemos los antecedentes, ¿de qué vamos a hablar?”, cuestionó.
También informó que se enviaron requerimientos de información a la Fiscalía General del Estado, la Contraloría General, la Policía Boliviana y otras entidades, con el fin de reunir documentación antes de la reunión convocada por la ALP.
El caso surgió después de que el Departamento de Estado estadounidense anunciara restricciones de visado contra ciudadanos latinoamericanos dentro de una política dirigida, según Washington, contra personas vinculadas con corrupción, narcotráfico o acciones que socaven gobiernos democráticamente elegidos. En el caso de Mariaca, EEUU afirmó públicamente que habría abusado de sus cargos al “solicitar y aceptar sobornos” para facilitar el narcotráfico.
Mariaca rechazó esas acusaciones y aseguró que continuará en sus funciones. Lara, por su parte, ya había expresado una postura de cautela al señalar que una restricción migratoria extranjera no equivale a una sentencia en Bolivia: “Una lista no es una sentencia y una acusación no sustituye a las pruebas”.
En paralelo, el Gobierno anunció que pedirá oficialmente a Washington los elementos que sustentan las acusaciones y planteó que los señalamientos sean esclarecidos mediante evidencia, cooperación internacional y respeto al debido proceso. Los presidentes de Diputados y Senadores también solicitaron esa documentación antes de definir qué acciones legales o parlamentarias corresponden.
