El fiscal departamental de Santa Cruz, Alberto Zeballos, informó este martes que el Ministerio Público pedirá, a través de la Cancillería, información oficial sobre la decisión de Estados Unidos de restringir su visa, con el objetivo de conocer el motivo, el alcance y el fundamento jurídico de esa determinación.
La autoridad sostuvo que la Fiscalía adoptará una postura institucional frente a la medida, pero remarcó que antes de emitir cualquier criterio se requiere contar con información oficial canalizada por la vía diplomática. En ese marco, advirtió que el Ministerio Público no aceptará injerencias ni influencias políticas, provengan del interior o del exterior del país.
Durante una conferencia de prensa, Zeballos ratificó además las declaraciones que ya había emitido el fiscal general del Estado, Roger Mariaca, y señaló que la institución respeta las decisiones soberanas de cada Estado, aunque considera necesario conocer de manera formal las razones que llevaron a Estados Unidos a adoptar esa resolución.
El fiscal departamental indicó que la información que circula en medios de comunicación y redes sociales no es suficiente para asumir una posición definitiva. Por ello, explicó que se solicitó al Ministerio de Relaciones Exteriores que, mediante los canales diplomáticos correspondientes, gestione datos precisos sobre el sustento, el motivo, el alcance y el fundamento jurídico de la medida estadounidense.
Zeballos afirmó que, por el momento, desconoce si la restricción responde a una decisión política, económica o administrativa. También confirmó que cuenta con una visa de turista y sostuvo que corresponde esperar la información oficial antes de definir una postura institucional sobre los efectos de la determinación.
En ese contexto, insistió en que el respeto a la soberanía debe ser recíproco y que cualquier decisión externa no debe afectar el funcionamiento ni la independencia del Ministerio Público.
Consultado sobre el trabajo fiscal en curso, Zeballos aseguró que las investigaciones a cargo de la Fiscalía Departamental de Santa Cruz continuarán con normalidad. Entre los procesos mencionó el caso Fernando Cerimedo, sobre el cual explicó que existen dos causas penales en Santa Cruz: una por tentativa de feminicidio y otra por violencia familiar o doméstica.
De acuerdo con lo señalado por la autoridad, ambos procesos cuentan con imputaciones formales y las investigaciones también alcanzaron a otras personas, algunas con órdenes de aprehensión y otras sometidas a medidas cautelares, conforme a las actuaciones fiscales.
El fiscal departamental también hizo referencia a otras investigaciones que consideró relevantes, entre ellas los casos denominados “narcomaderas” y “gasolina basura”. En ese marco, aseguró que el Ministerio Público continuará trabajando contra el crimen organizado y otros delitos de connotación social.
“Caiga quien caiga, sean personas particulares, servidores públicos u otras personas o empresas jurídicas, vamos a actuar con todo el rigor y el peso de la ley”, afirmó Zeballos, al remarcar que la Fiscalía seguirá reuniendo elementos para esclarecer los hechos investigados bajo criterios de objetividad, responsabilidad y transparencia.
Finalmente, reiteró que la institución no permitirá que factores políticos condicionen su labor. Señaló además que, una vez que se conozca oficialmente la información por las vías diplomáticas, corresponderá asumir una posición institucional y, si fuera necesario, realizar las aclaraciones ante las instancias correspondientes.