El diálogo entre el Gobierno y las gobernaciones se encamina a una discusión de fondo sobre el sentido mismo de la autonomía fiscal. Mientras el presidente Rodrigo Paz Pereira plantea que las regiones deben apostar por atraer inversión, ampliar su actividad económica y fortalecer su propia recaudación tributaria, las gobernaciones sostienen que ese camino no sustituye la necesidad de acceder de manera estable a una parte de los recursos nacionales.
Paz afirmó ayer lunes que mantendrá un diálogo “fraterno” con gobernadores y alcaldes, aunque dejó clara su distancia frente a la demanda departamental de abrir la coparticipación tributaria. Los departamentos piden un 15% del 75% que corresponde al nivel central, pero el mandatario defendió otra ruta: avanzar hacia el llamado “dominio tributario”, bajo la idea de que cada región pueda generar más ingresos a partir de su propia capacidad productiva.
“Más que la coparticipación tributaria es el dominio tributario”, sostuvo el presidente, al insistir en un modelo en el que las regiones fortalezcan sus finanzas desde su propia actividad económica.
Esa postura fue recibida en Tarija como una visión parcial del problema. El director de Autonomías de la Gobernación, Esteban Ortuño, considera que el dominio tributario forma parte de una estrategia más amplia, pero no puede presentarse como respuesta suficiente al debate sobre la distribución de los recursos del Estado. A su juicio, el Presidente está mezclando conceptos que no son equivalentes.
“Lamentablemente el Presidente sigue confundiendo conceptos. Descentralización no es lo mismo que autonomía”, cuestionó.
Desde la Gobernación de Tarija explican que el debate autonómico se está trabajando sobre tres instrumentos legislativos. El primero apunta a redefinir los dominios tributarios para ampliar las posibilidades de generación de recursos propios por parte de los departamentos. La actual Ley 154 ya reconoce ciertos impuestos de dominio departamental, entre ellos los vinculados con sucesiones y donaciones, vehículos de navegación aérea y acuática, además de determinadas afectaciones ambientales. Sin embargo, cualquier creación o modificación de tributos debe ajustarse a los límites fijados por esa norma y por el Código Tributario.
El secretario de Finanzas de la Gobernación, Fernando Romero, sostiene que avanzar en esa dirección podría ayudar a Tarija a reducir su dependencia histórica de la renta hidrocarburífera. Pero también advierte que el dominio tributario no implica, por sí solo, un incremento automático de ingresos. Para que funcione, la Gobernación tendría que diseñar y administrar sus propios instrumentos tributarios, aprobarlos en la Asamblea Legislativa Departamental y desarrollar capacidades técnicas de recaudación y fiscalización. Además, debe existir una base económica suficiente para que esos tributos generen recursos significativos.
En ese marco, Romero considera que el dominio tributario puede fortalecer la autonomía fiscal, aunque no resuelve por sí mismo la restricción financiera que enfrenta la administración departamental.
El segundo frente que impulsan las gobernaciones es el denominado 50-50, una propuesta que dejó de ser una idea general del Gobierno para convertirse en una demanda que los departamentos buscan concretar jurídicamente. Ortuño explica que la intención es lograr que una parte de los recursos que hoy retiene el nivel central sea transferida a las gobernaciones, sin afectar las participaciones que corresponden a municipios y universidades.
“Demostramos que el 15% de coparticipación que se queda el Gobierno de su 75% vaya a los gobiernos departamentales”, explicó.
Según el funcionario, la propuesta tarijeña no apunta a restar recursos a los gobiernos municipales ni a las universidades. La discusión, dice, se concentra en encontrar dentro de la estructura actual de recursos nacionales una participación departamental que otorgue mayor estabilidad a las finanzas de las gobernaciones. En su visión, las políticas productivas que se ejecutan en los territorios generan actividad económica y terminan beneficiando al conjunto del Estado a través de la recaudación tributaria.
“Las políticas productivas departamentales generan coparticipación de la que se beneficia el Estado y por eso merecemos coparticipar”, sostuvo Ortuño.
La diferencia entre ambas posiciones no es solo fiscal. También es conceptual. Para el Gobierno, la salida pasa por reforzar la capacidad de las regiones para generar inversión, ampliar mercados y aumentar su recaudación, con la idea de que ese esfuerzo se traduzca en mayores ingresos dentro del sistema nacional. Para las gobernaciones, en cambio, eso forma parte de la autonomía, pero no la agota. Su planteamiento es que una verdadera descentralización fiscal requiere recursos propios
