El vicepresidente del Estado, Edmand Lara, convocó al pleno de la Asamblea Legislativa Plurinacional a la Décima Octava Sesión Ordinaria, prevista para el lunes 5 de octubre de 2026, a las 15:00, en el Hemiciclo de la Asamblea Legislativa Plurinacional.
De acuerdo con el documento de convocatoria, la sesión fue fijada “en atención a la solicitud de las Presidencias de ambas Cámaras”. En esa cita, senadores y diputados deberán considerar el informe y las comunicaciones atribuidas públicamente al Departamento de Estado de Estados Unidos, difundidas el 28 de septiembre de 2026, relacionadas con la revocación o cancelación de visas y otras restricciones de ingreso impuestas a autoridades, exautoridades, servidores públicos y otras personas bolivianas mencionadas, además de sus familiares alcanzados por esas medidas.
La agenda también incorpora la revisión de la documentación e informes requeridos a las instituciones competentes y, si corresponde, la conformación de una Comisión de Investigación Parlamentaria con objeto y alcance definidos.
La convocatoria surge luego de que el Gobierno de Estados Unidos incluyera en sus medidas al fiscal general del Estado, Roger Mariaca, y a otros ciudadanos bolivianos a quienes acusa de haber atentado contra gobiernos democráticamente elegidos mediante hechos de corrupción o narcotráfico. La Casa Blanca señaló a Mariaca de “abusar” de sus cargos públicos “al solicitar y aceptar sobornos para facilitar el narcotráfico y ayudar a criminales violentos a evadir la justicia”.
El Departamento de Estado también informó sobre medidas contra 12 ciudadanos bolivianos y sus familias, entre ellos el exministro de Justicia Iván Lima, además de fiscales, jueces, magistrados y un ex titular de la Felcn, a quienes les revocó visas existentes. En paralelo, declaró inelegibles para obtener ese documento a otros nueve ciudadanos que no cuentan con visa.
La posible conformación de una comisión investigadora se enmarca en las atribuciones de fiscalización y control que la Constitución Política del Estado reconoce a la Asamblea Legislativa Plurinacional. El artículo 158.I, en sus numerales 17 y 19, establece que el Legislativo puede controlar y fiscalizar a los órganos del Estado y a las instituciones públicas, además de realizar investigaciones mediante comisiones elegidas para ese efecto, sin perjuicio del control ejercido por las instancias competentes.
En su convocatoria, Lara precisó que el tratamiento del tema tendrá carácter informativo y fiscalizador, con respeto al debido proceso, la presunción de inocencia y el derecho a la defensa, así como a la independencia de los órganos del Estado y la autonomía del Ministerio Público.
El texto también aclara que “las medidas migratorias extranjeras no constituyen, por sí solas, una determinación de responsabilidad penal en Bolivia”.
