La Defensoría del Pueblo encendió este miércoles una alerta sobre el derecho a la alimentación de personas en situación de vulnerabilidad que se encuentran bajo custodia del Estado, tras presentar los resultados de un estudio de verificación nacional realizado en 54 establecimientos del país. El informe advierte sobre un riesgo inminente y describe un escenario que la institución considera preocupante por las limitaciones presupuestarias que atraviesan centros de acogida, hogares de personas adultas mayores y hospitales públicos.
“Queremos alertar sobre un riesgo inminente en el derecho a la alimentación de las personas en situación de vulnerabilidad bajo custodia del Estado. Realizamos 54 verificaciones a nivel nacional y el resultado es definitivamente muy preocupante”, señaló el Defensor del Pueblo, Pedro Callisaya, al dar a conocer los hallazgos del relevamiento.
La verificación técnica fue realizada en establecimientos ubicados en las nueve capitales departamentales y en El Alto. Según el informe defensorial, la situación es especialmente crítica en centros de acogida para niñas, niños y adolescentes, en hogares para personas adultas mayores y en hospitales públicos de segundo y tercer nivel. Uno de los factores que más incide en este panorama, de acuerdo con la institución, es el incremento generalizado de precios registrado tras la eliminación de la subvención al diésel.
Los resultados muestran que el 67% de los centros de NNA y el 60% de los hogares de PAM reportaron un aumento en el costo de adquisición de alimentos. A ello se suma que el 56% de los establecimientos destinados a la niñez y el 73% de los hogares de personas adultas mayores señalaron que los recursos asignados no alcanzan para cubrir la cantidad y la diversidad nutricional que requieren las personas bajo su cuidado.
El estudio también revela dificultades en el abastecimiento cotidiano. En los centros de niñas, niños y adolescentes, el 17% ya no cuenta con reservas suficientes de alimentos frescos, como carne, verduras y frutas, mientras que el 22% presenta un desabastecimiento parcial. En los hogares para personas adultas mayores, el 20% informó falta de productos secos y el 27% carece de alimentos frescos.
Frente a estas limitaciones, algunos establecimientos han tenido que adoptar medidas de contingencia que terminan afectando otras áreas de atención. Entre ellas figuran la solicitud de donaciones, que alcanza al 40% de los casos, la sustitución de alimentos por opciones de menor costo en el 33% y la reducción de recursos destinados a transporte, educación, pañales y medicamentos psiquiátricos.
En el área de salud, el informe señala que el 52% de los 21 hospitales visitados reportó restricciones presupuestarias para garantizar la alimentación y nutrición de sus pacientes, lo que amplía la preocupación sobre el alcance del problema en instituciones que atienden a población especialmente vulnerable.
Ante este panorama, la Defensoría del Pueblo dirigió un emplazamiento urgente al nivel central del Estado, al Ministerio de Salud y Deportes, a los gobiernos autónomos departamentales y municipales, así como a los Servicios Departamentales de Gestión Social, para que adopten medidas correctivas inmediatas.
