El concejal municipal Renán Justiniano planteó la necesidad de aplicar de manera transitoria una tarifa de 3,50 bolivianos en el transporte público, mientras se desarrolla un estudio técnico que permita definir el costo definitivo del servicio. Su propuesta surge en un contexto marcado por la expectativa de cambios en los precios de los combustibles desde el 1 de enero y por la preocupación sobre los efectos que esas variaciones podrían tener tanto en los transportistas como en los usuarios.
Justiniano sostuvo que cualquier ajuste permanente debe responder a criterios verificables y no a decisiones tomadas únicamente bajo presión sectorial. Por esa razón, consideró fundamental que el análisis involucre a universidades, profesionales especializados y representantes de las instituciones relacionadas con el tema, con el fin de construir una tarifa que refleje de manera real la estructura de costos del servicio.
En su criterio, el monto de Bs 3,50 podría funcionar como una solución provisional mientras se realiza el estudio correspondiente. Sin embargo, aclaró que esta medida debería tener un tiempo definido y quedar sujeta a una revisión posterior, una vez que se conozcan los efectos concretos de los cambios en los combustibles y de otros componentes que inciden en la operación del transporte.
La discusión tarifaria, además, está vinculada con el estado del sistema de transporte público. El concejal cuestionó el desorden existente en las rutas y advirtió que la falta de planificación perjudica tanto a los pasajeros como a los conductores, debido a la superposición de recorridos, la ausencia de criterios uniformes y las dificultades para asegurar una cobertura adecuada.
Por ello, planteó que la revisión de las tarifas no puede hacerse de manera aislada, sino junto con un análisis integral de las rutas, las frecuencias y las condiciones de operación. A su juicio, no bastará con modificar el precio del pasaje si no se asumen compromisos para mejorar la calidad del servicio, ordenar los recorridos y garantizar una atención más eficiente para los usuarios.
La eventual modificación en los precios de los combustibles desde el 1 de enero también podría elevar los costos de operación del transporte público. En ese marco, Justiniano señaló que el estudio deberá tomar en cuenta factores como el consumo de combustible, el mantenimiento de los vehículos, la renovación del parque automotor, los costos laborales y la capacidad económica de la población usuaria.
El concejal insistió en que la definición de una tarifa definitiva debe surgir de un proceso transparente y participativo. A su entender, la participación de universidades y profesionales permitiría contar con una evaluación independiente, respaldada por datos técnicos y criterios económicos que puedan ser conocidos por la ciudadanía.
Su propuesta también busca evitar que la discusión quede reducida a un enfrentamiento entre transportistas y autoridades. Justiniano remarcó que el municipio debe asumir un rol activo en la coordinación de las partes y promover una salida que tome en cuenta las necesidades del sector, sin dejar de lado el impacto que un incremento tendría sobre las familias y los trabajadores que usan el servicio a diario.
En ese contexto, advirtió que la falta de acuerdos podría derivar en nuevas medidas de presión. Señaló que, si no se encuentran soluciones al problema tarifario y al desorden de las rutas, podría producirse un paro del transporte público. Por ello, pidió que las autoridades convoquen con anticipación a los sectores involucrados y definan una agenda de trabajo con plazos concretos.
Justiniano remarcó finalmente que la tarifa transitoria no debe convertirse en una decisión permanente sin evaluación. La idea es que, una vez concluido el estudio técnico, se determine si corresponde mantener el monto, modificarlo o aplicar otro esquema que permita equilibrar los costos de operación con la capacidad de pago de los usuarios.
La definición de un nuevo esquema tarifario requerirá coordinación entre el gobierno municipal, las organizaciones del transporte, las universidades, los profesionales y las organizaciones vecinales. También será necesario transparentar la información utilizada para calcular el costo del servicio y explicar con claridad las razones que respalden cualquier modificación.
Mientras se esperan mayores precisiones sobre el comportamiento de los combustibles, la propuesta de Bs 3,50 aparece como una alternativa provisional para evitar decisiones improvisadas. El desafío, según el planteamiento del concejal, será avanzar hacia una tarifa definitiva con respaldo técnico, acompañada por un ordenamiento de rutas y compromisos concretos para mejorar el transporte público.
