La Federación Departamental de Juntas Vecinales (Fedjuve) de Cercado, encabezada por Ronald Garnica, fijó su postura frente al conflicto por las tarifas del transporte público y el encarecimiento de productos básicos en Tarija, en un contexto en el que la preocupación vecinal se concentra en el impacto que estas medidas tienen sobre la economía de las familias.
Garnica explicó que el cacerolazo impulsado en la ciudad tuvo como objetivo manifestar respaldo al sector del autotransporte, en medio de la falta de consenso sobre el costo del servicio. Según su planteamiento, las diferencias entre los actores involucrados y las autoridades municipales derivaron en un escenario de tensión que mantiene abierta la discusión sobre cuánto deben pagar los usuarios por el transporte público.
El dirigente recordó que el conflicto se profundizó luego de que el alcalde de Tarija asumiera una determinación sobre el tema tarifario. A partir de esa decisión, se abrió la posibilidad de que quienes no estén de acuerdo presenten sus observaciones mediante los procedimientos formales correspondientes y por escrito ante las instancias pertinentes.
La controversia, en criterio de los vecinos, no solo enfrenta a transportistas y autoridades, sino que también pone en evidencia la dificultad de equilibrar los costos operativos del servicio con la capacidad de pago de los pasajeros. En ese marco, cualquier modificación de las tarifas repercute de manera directa en los presupuestos familiares, en los gastos de los estudiantes y en la movilidad diaria de los trabajadores.
A la discusión por el transporte se suma la preocupación por el aumento de precios en alimentos de consumo cotidiano. Garnica alertó que el pollo habría subido de 14 a 19 bolivianos, mientras que la arroba de papa habría pasado de 45 a 60 bolivianos. De confirmarse estas variaciones en los mercados locales, el efecto sobre los hogares sería mayor, especialmente en aquellos con ingresos reducidos.
La situación, además, plantea la necesidad de verificar los precios en los centros de abastecimiento y de establecer si los incrementos responden a factores reales vinculados con la producción y el transporte o si, por el contrario, existen prácticas comerciales irregulares.
En esa misma línea, el dirigente vecinal expresó su preocupación por denuncias sobre la venta de garrafas de gas a 70 bolivianos. Ante esa referencia, pidió que las autoridades competentes intervengan para esclarecer las condiciones en que se está comercializando este producto de uso doméstico y para evitar posibles casos de especulación.
Con estos elementos sobre la mesa, la representación vecinal insiste en que el debate no debe reducirse únicamente a las diferencias entre transportistas y autoridades municipales, sino que debe incluir también el encarecimiento de los artículos básicos que afectan de forma directa a la población tarijeña.
