El presidente del Estado, Rodrigo Paz Pereira, anunció este jueves el envío al poder Legislativo del proyecto de Ley de Electricidad, una de las normas que integran el paquete legal con el que su administración busca desmontar el denominado “Estado Tranca”.
Durante su discurso de promulgación de la Ley de Prediarios, en Palacio Quemado, el mandatario destacó que esta propuesta será tratada por el Congreso y remarcó la relevancia que tendrá ese debate en la definición de un nuevo marco para el sector energético. “Hoy día estamos mandando la Ley de Electricidad; la nueva Ley de Electricidad está yendo hoy día al Parlamento”, expresó.
La iniciativa forma parte de las reformas estructurales que el Ejecutivo impulsa con el objetivo de atraer inversión extranjera y modernizar el sistema energético nacional en medio de la crisis económica. En ese marco, la propuesta plantea un modelo de mercado abierto y una transición hacia un esquema tarifario que, según el planteamiento oficial, sea equitativo, eficiente y transparente, además de promover la competitividad.
Uno de los ejes centrales del proyecto es la apertura a la participación privada. Con esa nueva orientación, el sector privado podrá realizar interconexiones internacionales, una facultad que hasta ahora estaba concentrada y era exclusiva de la Empresa Nacional de Electricidad (ENDE).
La norma también prevé una reconfiguración institucional que permitirá al Ministerio de Hidrocarburos y Energías recuperar su papel central en la definición de la política energética del país, función que había sido delegada en ENDE. Al mismo tiempo, la Autoridad de Electricidad y el Comité Nacional de Despacho de Carga (CNDC) operarán de manera independiente, con el propósito de asegurar una fiscalización técnica e imparcial.
El Gobierno proyecta que estos cambios contribuyan a transformar la matriz energética y a posicionar a Bolivia como un centro de distribución o hub energético para Sudamérica.
Antes de remitir este proyecto de ley, la administración de Paz Pereira ya había promulgado en junio el Decreto Supremo 5647, que establece un límite tarifario para fijar un tope máximo del 5% en la variación mensual promedio de las tarifas reguladas de distribución eléctrica, con el fin de evitar incrementos bruscos que afecten a los consumidores.
Esa disposición también incorpora mecanismos de mitigación, entre ellos factores de estabilización semestrales y fondos de compensación para los agentes que forman parte del Sistema Interconectado Nacional.
Con este paquete de reformas, el Ejecutivo busca reducir la burocracia estatal, modernizar el país y reactivar la economía mediante cambios estructurales que, según su planteamiento, permitirán avanzar en la desarticulación del llamado “Estado Tranca”.
