El viceministro de Autonomías, Adrián Oliva, afirmó que la agenda 50/50 apunta a fortalecer la autonomía de los gobiernos departamentales y municipales a través de una serie de reformas graduales, acuerdos fiscales y ajustes normativos que permitan modificar la forma en que se administran los recursos públicos.
Según explicó, en las últimas dos décadas las autonomías asumieron distintas obligaciones económicas y restricciones que, a su juicio, terminaron condicionando su capacidad de gestión. En ese marco, destacó como una de las primeras decisiones la promulgación de una ley que libera a los gobiernos departamentales del pago de prediarios, títulos de bachiller y bono de vacunación, compromisos que, recordó, fueron asignados a las prefecturas desde 2005.
“En otras palabras, será el gobierno el que pague bono de vacunación, los títulos de bachiller que además ahora se han digitalizado bajo un procedimiento establecido por el Ministerio de Educación y lo propio va a suceder con los prearios”, señaló.
Oliva sostuvo que, con esta medida, los recursos departamentales podrán ser administrados por las autoridades de cada región sin las condicionalidades que antes estaban asociadas a esas obligaciones.
En cuanto a la redistribución de recursos, remarcó que la reforma no se aplicará bajo un esquema uniforme, debido a las diferencias existentes entre gobiernos departamentales, municipios urbanos, municipios rurales y autonomías indígenas. En su criterio, el proceso debe responder a esas particularidades para no profundizar brechas entre las distintas entidades territoriales.
“Entonces, el planteamiento es que esta sea una reforma progresiva y diferenciada, que de alguna manera vaya atendiendo cada uno de los cambios que se vayan generando en la medida en que los vayamos acordando”, dijo.
El viceministro añadió que el objetivo es tomar en cuenta las capacidades y necesidades de cada autonomía para que los cambios no generen nuevos desequilibrios. También informó que desde el 4 de agosto se realizaron nueve reuniones, tres de ellas con la participación del presidente Rodrigo Paz y seis de carácter técnico con representantes de los gobiernos autónomos.
De acuerdo con Oliva, el Ejecutivo plantea avanzar en una nueva Ley Marco de Autonomías y modificar otras normas que, desde su perspectiva, afectan el ejercicio de las competencias autonómicas. Además, señaló que el proceso no dependerá de un único acuerdo general, sino de consensos fiscales específicos que permitan ir concretando cada reforma.
“La idea es que cada uno de los acuerdos que hagamos de las reformas se vaya materializando y al final del día vamos a construir ese gran acuerdo nacional a partir de los diálogos que estamos sosteniendo con todos estos gobiernos”, afirmó.
Oliva indicó finalmente que este trabajo involucra a las gobernaciones, municipios, autonomías indígenas y la región del Chaco, y que las mesas técnicas continuarán para definir los siguientes cambios dentro de la agenda planteada.
