El Gobierno de Bolivia puso en marcha mecanismos de cooperación regional e internacional para intentar dar con el paradero y concretar la captura del expresidente Evo Morales, en una decisión que el gabinete ministerial considera prioritaria para que el exmandatario responda ante la justicia.
La medida fue explicada por el ministro de la Presidencia, Fernando Aramayo, en una entrevista con Radio Erbol, donde sostuvo que la colaboración externa resulta necesaria por el alcance de las alianzas que, según dijo, rodean al exjefe de Estado. En ese contexto, afirmó que existen redes y organizaciones internacionales vinculadas a su entorno y mencionó al ALBA, bloque del que Bolivia se retiró formalmente en 2025.
Aramayo evitó ofrecer detalles sobre el operativo, al señalar que el caso exige un tratamiento especial. Según expresó, el Gobierno ya trabaja en ese escenario desde hace algún tiempo, pero no puede difundir más información porque, a su juicio, Morales ha construido estructuras sociales, incluso milicias armadas, y una arquitectura territorial que utiliza para su propio atrincheramiento. Añadió que cualquier acción se ejecutará dentro del marco normativo vigente y bajo el ejercicio de la soberanía nacional.
El ministro también remarcó que la decisión del Ejecutivo es hacer que Morales comparezca ante la justicia. Dijo que el presidente y su gabinete asumieron la determinación de “poner orden” en varios asuntos que, a su criterio, habían quedado postergados en el país, y colocó ese objetivo como una prioridad indiscutible.
Sobre el expresidente pesan dos órdenes de aprehensión. La primera fue emitida en 2024 y renovada en 2025, en el marco de denuncias vinculadas con una presunta relación con una menor de edad durante su mandato. La segunda responde a una querella presentada por el Comité Cívico Pro Santa Cruz, a la que luego se adhirió el Ministerio de Gobierno, por presuntos delitos de alzamiento armado, terrorismo, asociación delictuosa y atentados contra la seguridad de los transportes, tras más de 50 días de bloqueos de carreteras que el Gobierno atribuye a financiamiento del “narcoterrorismo”.
Frente a esas acusaciones, la defensa legal de Morales y dirigentes del Movimiento al Socialismo rechazan la validez de ambos procesos y los describen como una forma de persecución judicial y política. Desde ese entorno niegan que existan milicias o grupos armados en las zonas de resguardo social y sostienen que las movilizaciones corresponden a protestas legítimas de bases campesinas e indígenas. También denuncian vulneraciones al debido proceso.
En sus declaraciones, Aramayo además cuestionó el legado político de Morales y lo acusó de haber proyectado la imagen de un presidente “encubridor del terrorismo”, en medio de un escenario que vuelve a tensar la relación entre el Gobierno, la oposición y el entorno del expresidente. La activación de apoyo internacional para su captura podría profundizar el clima de confrontación política y tener efectos en las relaciones diplomáticas del país.
