La detención del exfiscal general Roger Mariaca desató una crisis que expone, al mismo tiempo, la fragilidad institucional de Bolivia, la disputa política en torno a la Fiscalía y las acusaciones cruzadas de narcotráfico y corrupción que ahora involucran también a Estados Unidos.
Mariaca, de 38 años, permanece en prisión preventiva por seis meses en una cárcel de Potosí, en el sur del país, mientras la justicia boliviana lo investiga por lavado de activos, tráfico de drogas y criminalidad organizada. Fue capturado la semana pasada en Santa Cruz durante un operativo policial en el que también quedaron detenidas otras 13 personas, entre ellas tres fiscales.
La caída del exfuncionario se produjo pocos días después de que Washington le cancelara la visa, al igual que a otros altos funcionarios y empresarios de Bolivia, Colombia, Ecuador y Perú, a quienes acusa de corrupción o de vínculos con el narcotráfico. Ese contexto internacional terminó de amplificar un caso que ya venía tensando a la justicia boliviana y al propio gobierno de Rodrigo Paz.
Mariaca había sido designado al frente del Ministerio Público en 2024 por el Congreso, entonces controlado por el oficialista Movimiento al Socialismo, la fuerza que llevó al poder a Evo Morales y luego a Luis Arce. Hoy, Morales es el principal opositor del presidente centroderechista Paz. Antes de llegar a la Fiscalía General, Mariaca se desempeñó como fiscal departamental en Santa Cruz, una de las regiones más golpeadas por el narcotráfico, y su figura arrastraba cuestionamientos por su actuación en distintos expedientes.
La socióloga boliviana Luciana Jáuregui sostiene que su trayectoria siempre estuvo marcada por la controversia y por “casos polémicos” bajo su supervisión. Entre ellos menciona la investigación contra el narco uruguayo Sebastián Marset, uno de los más buscados del Cono Sur. Según la especialista, desde agosto de 2025 el accionar de Mariaca adquirió un “carácter político”, en referencia al caso del consultor argentino Fernando Cerimedo, asesor personal del presidente Paz, detenido por intento de feminicidio y por una presunta trama de corrupción que alcanzaría al gobierno y a la familia presidencial.
El propio Mariaca había denunciado ante la prensa que la cancelación de su visa por parte de Estados Unidos respondía a una “presión” vinculada a esa investigación. Sin embargo, Washington sostiene otra versión: afirma que, en su rol de fiscal, recibió “sobornos para facilitar el narcotráfico y ayudar a delincuentes violentos a evadir la justicia”, una acusación que él rechaza.
En paralelo, el gobierno boliviano acusa a la Fiscalía de haberse convertido, durante su gestión, en una “organización criminal”. La tensión escaló aún más la noche de su detención, cuando una ambulancia fue interceptada al salir de su residencia con 3,5 millones de bolivianos ocultos, según informaron las autoridades.
El caso también reavivó el debate sobre la actuación de Mariaca cuando llevaba la investigación contra Marset en 2023. En ese momento, el narco uruguayo logró eludir un megaoperativo para ser capturado. El actual ministro de Gobierno, Marco Antonio Oviedo, afirmó que entonces las autoridades fiscales “lo dejaron salir” y “le devolvieron sus bienes incautados”. Marset fue finalmente detenido en Bolivia en marzo y expulsado a Estados Unidos. Medios locales difundieron un video de su captura en el que supuestamente dice a los policías: “Mariaca es mi amigo”.
La administración de Paz asegura que el operativo contra Mariaca y los demás detenidos se realizó con participación de la Policía boliviana y cooperación de inteligencia de Estados Unidos. En esa misma línea, el jefe de la diplomacia estadounidense, Marco Rubio, afirmó que su país “respalda firmemente” al mandatario boliviano. También expresaron su apoyo los 15 países miembros del Escudo de las Américas, una alianza impulsada por la administración de Donald Trump.
Para la socióloga Jáuregui, esa presión externa se ha convertido en un respaldo para Paz en medio de su debilidad interna. El presidente llegó al poder con una coalición que luego se desarmó y enfrenta además fuertes protestas en las calles. Desde noviembre, cuando asumió, carga con un desgaste creciente por medidas económicas impopulares, según la politóloga Adriana Rodríguez.
La detención de Mariaca abrió además una nueva disputa dentro del
