La Comisión de Justicia Plural de la Cámara de Diputados aprobó este 6 de octubre de 2026, en su estación en grande, el proyecto de Ley de Libre Transitabilidad, una norma que apunta a sancionar penalmente los bloqueos de carreteras y a garantizar el derecho de la población a circular libremente en Bolivia.
El texto legislativo reúne y unifica al menos diez iniciativas presentadas con anterioridad sobre esta misma materia. En su estructura contempla 28 artículos y cuatro disposiciones finales, además de establecer un rango de penas que va de tres a diez años de privación de libertad, según la gravedad de los hechos.
Uno de los cambios más relevantes del proyecto es el salto desde sanciones administrativas o medidas menores hacia penas de prisión que podrían alcanzar hasta una década. La propuesta fija además la sanción máxima cuando los hechos atenten contra la vida de civiles, policías o militares.
El presidente de la Comisión de Justicia Plural, Manolo Rojas, sostuvo que la norma busca “garantizar la libre locomoción y protección del pueblo boliviano”. Al mismo tiempo, planteó el debate sobre los límites entre el bloqueo ilegal y el derecho a la protesta social, un aspecto que también está reconocido en la Constitución.
Durante el tratamiento legislativo, Rojas explicó que el alcance de las sanciones generó un debate amplio y que incluso hubo consultas con el Órgano Ejecutivo. Según señaló, se está planteando una pena de 10 años de privación de libertad cuando se atente contra la vida de un civil, policía o militar, mientras que las sanciones podrían variar de acuerdo con el grado de violencia ejercida.
La discusión en torno al proyecto también abrió posiciones encontradas entre los legisladores. Mientras varios de ellos consideran que la norma es necesaria y urgente para resguardar el libre tránsito, especialmente de personas enfermas, estudiantes y transporte de alimentos, otros advirtieron que debe evitarse que la ley termine siendo utilizada para restringir la protesta social. En ese marco, pidieron que en la etapa de detalle se incorporen salvaguardias claras.
Desde otros sectores, transportistas y cámaras empresariales respaldaron la iniciativa y pidieron que avance con rapidez, al señalar que los bloqueos provocan pérdidas millonarias cada año. En contraste, organizaciones sociales expresaron preocupación por la posibilidad de que se confunda un bloqueo con delincuencia y defendieron el derecho a reclamar cuando la población no es escuchada.
Los promotores del proyecto sostienen que los bloqueos afectan derechos fundamentales como la salud, la educación, el abastecimiento y el trabajo, por lo que consideran necesaria una respuesta penal que disuada conductas que perjudican a toda la población. Sin embargo, las críticas apuntan a que la norma podría restringir el derecho constitucional a la manifestación, al no diferenciar con suficiente claridad entre un bloqueo violento y una medida de presión social.
Con la aprobación en comisión, el proyecto sigue su curso legislativo. Si la Cámara de Diputados le da su visto bueno final, el texto pasará al Senado, instancia que podría introducir cambios o demorar su tratamiento.
