El dirigente campesino Nelson V. fue aprehendido este martes 6 de octubre en Cochabamba, en el marco de las investigaciones abiertas por los 53 días de bloqueos registrados entre mayo y junio en distintos puntos del país. Tras su captura, fue trasladado a dependencias de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (Felcc) de esa ciudad, donde ingresó a celdas.
La intervención policial se produjo cuando el dirigente circulaba por la avenida Blanco Galindo. Según la información difundida, la investigación en su contra está vinculada con presuntos delitos de atentado contra la seguridad del Estado y contra los servicios básicos, acusaciones que él mismo confirmó haber conocido al momento de su aprehensión.
Virreyra anunció que prestará su declaración informativa ante las autoridades y sostuvo que su detención responde a una persecución política. “Solamente hemos protestado porque no hay comida y no hay gasolina”, afirmó después de ser aprehendido. También señaló que las acciones judiciales en su contra forman parte de una supuesta ofensiva impulsada por el Gobierno. “La aprehensión fue en la Blanco Galindo. Esto es parte de la persecución política que ha iniciado el Gobierno y hay que enfrentarlo. Cuando uno defiende al pueblo, nos exponemos a estas cosas”, manifestó.
El caso se originó a partir de una denuncia penal presentada en junio por el asambleísta departamental Joel Flores contra varias personas, entre ellas el dirigente campesino, por hechos relacionados con las movilizaciones. De acuerdo con la información difundida por ANF, la investigación no se limita a Virreyra, sino que también alcanza a otros dirigentes y exautoridades, cuyos procesos avanzan por separado.
Su abogado, Juan Manuel Argote, indicó que su defendido es investigado por cuatro delitos y expresó preocupación por un eventual traslado a La Paz. “Vamos a verificar qué delitos más lo van a atribuir porque estamos presumiendo que en cualquier momento se lo van a llevar a La Paz, pero, mientras no haya en la orden de aprehensión (el delito) de terrorismo, no se lo pueden llevar”, afirmó.
Durante las movilizaciones, Virreyra defendió públicamente la continuidad de los bloqueos y en junio sostuvo que podían prolongarse por un periodo extenso. Las medidas de presión, impulsadas por sectores de la Central Obrera Boliviana (COB) y organizaciones campesinas, se extendieron por 53 días y afectaron el tránsito de vehículos, así como el abastecimiento de alimentos, medicamentos, combustibles, oxígeno medicinal y otros productos. En ese contexto, además, se registraron personas fallecidas y heridas.
La aprehensión del dirigente vuelve a poner en debate las implicaciones penales del conflicto social desarrollado entre mayo y junio, en medio de denuncias de persecución política por parte de los sectores movilizados y de la búsqueda de responsabilidades legales por los daños ocasionados al abastecimiento, la salud y la economía nacional.
