El expresidente Luis Arce prestó declaración ayer durante una hora y 15 minutos en calidad de testigo dentro del juicio oral por los hechos del 26 de junio de 2024, proceso conocido como caso 26J o asonada militar. La comparecencia se produjo ante el Tribunal Sexto de Sentencia Penal de La Paz, adonde fue trasladado desde un centro hospitalario mientras cumple detención preventiva por el desfalco del Fondo Indígena.
La presencia de Arce concentró buena parte de la jornada judicial. Eduardo León, abogado del general Juan José Zúñiga, indicó que durante su interrogatorio formuló alrededor de 25 preguntas y cuestionó que el exmandatario dijera no recordar varios aspectos vinculados con los hechos investigados. Según el jurista, Arce sostuvo que sí hubo un golpe de Estado, aunque afirmó haberse enterado de lo ocurrido por televisión.
La audiencia también estuvo marcada por la decisión del tribunal de emitir un mandamiento de aprehensión contra el exministro de Gobierno Eduardo Del Castillo, quien no acudió a declarar pese a haber sido citado para las 08:30. La convocatoria ya advertía que una inasistencia injustificada podía derivar en esa medida. Del Castillo, además, es buscado por supuestos nexos con Sebastián Marset. León lo calificó de “prófugo” por “huir de la justicia”.
En la misma jornada compareció el excomandante de la Policía y exviceministro Jhonny Aguilera. En su caso, una orden de aprehensión previa quedó sin efecto luego de comprobarse un error en la fecha señalada para su declaración. Sin embargo, durante su testimonio el tribunal dispuso un arresto momentáneo para asegurar su presencia tras el receso. Aguilera permaneció bajo esa medida al menos tres horas y recuperó su libertad una vez concluida su declaración.
Wilson Echave, abogado de Aguilera, sostuvo que durante la audiencia intentaron presentarlo como partícipe o facilitador de los hechos y que incluso se mencionaron supuestas torturas, vejámenes, secuestros y allanamientos. Añadió que Aguilera afirmó que no hubo golpe de Estado, porque, según su explicación, la intervención policial impidió que el hecho se consumara, aunque atribuyó a Zúñiga la conducción del despliegue militar en plaza Murillo.
León consideró que el proceso todavía está “llegando a la mitad”, ya que aún deben declarar otros testigos de coacusados, además de producirse prueba documental, inspecciones y otras actuaciones antes de ingresar a la fase conclusiva. La defensa de Zúñiga busca sostener que los movimientos militares del 26J eran conocidos previamente por miembros del entonces gobierno de Arce, una versión que deberá ser confrontada con las pruebas y testimonios incorporados al juicio.
Zúñiga estuvo algo más de dos años detenido por esta causa.
