El Gobierno presentó este miércoles ocho medidas orientadas a atender problemas inmediatos y, al mismo tiempo, sentar bases para cambios en la gestión pública y el desarrollo del país. El anuncio fue realizado por el vocero presidencial José Luis Gálvez, quien remarcó que el paquete normativo responde tanto a necesidades presentes como a la construcción de nuevas condiciones para la Bolivia que viene.
Las disposiciones abarcan ámbitos diversos, desde la protección de productores y familias en situación de vulnerabilidad hasta la digitalización de documentos, el acceso a financiamiento para transportistas, la modernización de la inversión pública y el impulso a nuevas fuentes de energía. Según explicó Gálvez, se trata de una agenda amplia que no se concentra en un solo frente, sino que busca intervenir en varios sectores de la administración estatal.
Una de las primeras medidas está vinculada con el aprovechamiento energético de los residuos. El Gobierno anunció que impulsará el uso de rellenos sanitarios y plantas de tratamiento para generar biogás y biometano, con el objetivo de transformar desechos en energía y reducir emisiones dentro del proceso de transición energética. Gálvez sostuvo que lo que hoy es residuo puede convertirse en energía, en una referencia a la intención oficial de avanzar hacia un nuevo modelo de aprovechamiento.
En el ámbito agropecuario, la segunda determinación establece una asignación adicional de 14 millones de bolivianos al Instituto del Seguro Agrario, recursos destinados a cubrir la prima correspondiente a la campaña agrícola 2025-2026. La finalidad es reforzar la capacidad de respuesta frente a daños provocados por fenómenos climáticos adversos, ampliar la cobertura de indemnizaciones y contribuir a la seguridad alimentaria. El vocero subrayó que, cuando el clima golpea al productor, el Estado no debe dejarlo abandonado.
Otra de las medidas apunta a la educación y la simplificación de trámites. Desde la gestión 2026, los diplomas de bachiller serán gratuitos y digitales, con firma digital y verificación mediante código QR. La decisión busca eliminar el costo de las copias legalizadas, reducir la burocracia y facilitar el acceso permanente a la documentación. Gálvez aclaró que los diplomas físicos emitidos antes de esa fecha mantendrán su plena validez.
El paquete también incluye un reglamento de protección para hijas e hijos huérfanos por feminicidio y otros delitos contra la vida. La norma contempla un bono económico mensual equivalente al 20% del salario mínimo nacional vigente, además de un paquete alimentario para menores de cinco años, acceso a salud, inscripción inmediata al sistema educativo, traslado escolar y prioridad para becas. El vocero afirmó que la reparación no termina con una sentencia y que también implica proteger a los hijos de las víctimas.
En materia productiva, el Gobierno decidió modificar el Decreto Supremo 2055 para incorporar al transporte automotor dentro de la categoría de crédito productivo. Con ello, los transportistas habilitados podrán acceder a financiamiento para comprar o sustituir vehículos, realizar reparaciones, repotenciar unidades, adquirir motores y equipamiento. Los vehículos particulares quedan excluidos de esta disposición, y los créditos estarán sujetos a las tasas máximas fijadas para ese tipo de financiamiento. Gálvez explicó que, para un transportista, el vehículo no es un lujo, sino una herramienta de trabajo.
La sexta medida introduce un nuevo reglamento básico de preinversión, con el propósito de modernizar la forma en que el Estado prepara y evalúa proyectos antes de comprometer recursos públicos. Las instituciones deberán considerar criterios técnicos, económicos, sociales, ambientales y financieros, además de clasificar las iniciativas según su magnitud, complejidad y nivel de riesgo. El objetivo es elevar la calidad y eficiencia de la inversión pública y evitar proyectos sin respaldo suficiente. El vocero fue enfático al señalar que no se quieren “elefantes blancos” ni recursos desperdiciados.
El paquete normativo también incluye cambios en la fijación del precio del diésel. La séptima medida modifica el Decreto Supremo 5716 e incorpora entre las variables de cálculo el tipo de cambio oficial promedio de los últimos siete días, dato que será publicado por el Banco Central de Bolivia. Según explicó Gálvez, la intención es establecer una regla más objetiva y transparente, con mayor estabilidad frente a variaciones bruscas y con garantías para la continuidad del abastecimiento.
Finalmente, el Gobierno anunció que pondrá a consideración de la Asamblea Legislativa Plurinacional un anteproyecto de Ley de Energías Verdes. La propuesta se enmarca en la agenda de transición energética y complementa las acciones orientadas al aprovechamiento de biog
