El juicio por la muerte de Diego Maradona, ocurrida en 2020, entra esta semana en su tramo decisivo con una discusión de fondo que sigue sin resolverse: si el fallecimiento fue un desenlace imposible de anticipar o si respondió a una negligencia médica durante la internación domiciliaria.
En San Isidro, al norte de Buenos Aires, siete integrantes del equipo de salud son juzgados por homicidio con dolo eventual, una figura que supone que los acusados habrían sido conscientes de que sus acciones u omisiones podían derivar en la muerte del exfutbolista. La familia y la fiscalía sostienen que el cuadro que terminó con la vida del ‘Diez’, a los 60 años, por un paro cardiorrespiratorio y un edema pulmonar, era reversible.
“Diego tenía una enfermedad tratable, las señales de alarma estaban a la vista y no se hizo lo que había que hacer”, afirmaron Félix Linfante y Marcelo D’Angelo, abogados de una de las hijas, Jana, en un mensaje conjunto enviado a la AFP.
Los acusados, con estrategias distintas, insisten en su inocencia en un proceso que comenzó en abril y que ya atravesó 45 audiencias. Desde este jueves, el tribunal escuchará los alegatos finales de las partes y luego dará a conocer su veredicto.
La acusación sostiene que Maradona fue dejado a su suerte durante la internación domiciliaria. En una de las audiencias, el fiscal Patricio Ferrari afirmó que los imputados “abandonaron a su suerte a Diego Maradona condenándolo a la muerte”. Además, uno de los médicos que realizó la autopsia estimó que el exfutbolista agonizó durante “unas 12 horas”.
Las defensas rechazan esa lectura y sostienen que el desenlace no podía preverse. El principal imputado, el neurocirujano Leopoldo Luque, aseguró que Maradona murió “de un evento súbito, agudo e impredecible”.
Uno de los ejes más discutidos del juicio fue justamente la internación domiciliaria en la casa de Tigre, a 20 kilómetros al norte de San Isidro, donde Maradona falleció el 25 de noviembre de 2020. Las hijas del exjugador, que autorizaron esa modalidad, dijeron haber sido engañadas por los médicos. “Nos prometieron acompañantes terapéuticos, una ambulancia y aparatología que daba la prepaga (empresa de medicina privada). Eso nunca pasó”, declaró Dalma Maradona, la hija mayor.
Durante el debate también se puso en cuestión si era adecuado que continuara su recuperación en un domicilio. Decenas de testigos consideraron inapropiado el lugar y remarcaron la falta de insumos médicos, aunque algunos de los acusados sostienen que Maradona no habría aceptado permanecer en una clínica después de la neurocirugía a la que fue sometido el 3 de noviembre de ese año.
El estado físico del exfutbolista en sus últimas horas también generó fuertes controversias. La querella afirma que presentaba edemas visibles y retención de líquidos anormales en distintos órganos, signos que, según su planteo, evidenciaban una falla cardíaca que no fue atendida. En las audiencias, los testigos se dividieron entre quienes coincidieron en que esos edemas eran visibles y quienes lo negaron al observar la foto del cadáver exhibida en la sala.
Pese a esas diferencias, quienes ingresaron a la habitación el día de la muerte coincidieron en que Maradona tenía inflamación corporal. Un testigo dijo que estaba “muy hinchado” y otro llegó a describirlo como “un globo”.
Entre los acusados más señalados figuran Luque, la psiquiatra Agustina Cosachov, el psicólogo Carlos Díaz y la coordinadora de la internación por parte de la empresa de medicina privada, Nancy Forlini. Luque sostuvo durante el juicio que actuó únicamente como neurocirujano y que no tomó decisiones médicas sobre el seguimiento diario del ídolo. Tanto él como Cosachov son apuntados como quienes idearon y organizaron la internación, aunque la defensa de la psiquiatra afirma que su rol se limitó al aspecto psiquiátrico.
Forlini, acusada de no haber provisto el equipamiento adecuado, asegura que nunca recibió de los médicos los pedidos de los aparatos que ahora se reclaman. Su abogado, Nicolás D’Albora, sostuvo ante la AFP que “