La demora de la comisión de Justicia Plural en remitir al pleno de la Cámara de Diputados el proyecto de ley antibloqueo terminó abriendo paso a una alternativa que ya estaba en manos de la directiva legislativa: una antigua propuesta que busca incorporar en el Código Penal el delito de “obstrucción de vías” para regular los bloqueos.
En la agenda semanal difundida por la Cámara de Diputados en su página institucional, el punto 16 incluye el “Proyecto de ley 070/2025-2026: ‘se incorpora el artículo 214 bis al Código Penal tipificando la obstrucción ilegal de vías de transporte y comunicación’”. Con ello, la directiva decidió poner en consideración una iniciativa distinta a la que la comisión de Justicia había anunciado como aprobada en grande y en detalle, y que se esperaba fuera tratada esta semana en el plenario.
Se trata de una propuesta presentada por el diputado cochabambino Israel Mérida Martínez, de Libre, en diciembre de 2025, que desde entonces permanecía en la directiva. El proyecto consta de cuatro artículos y plantea sumar un nuevo tipo penal al Código Penal vigente, con el objetivo de endurecer las sanciones contra quienes bloqueen caminos o dificulten el libre tránsito.
El texto del artículo 214 bis establece que la persona que, “sin autorización legal o causa justificada, bloqueare, obstaculizare o impidiere el libre tránsito en caminos, carreteras, vías férreas, fluviales, aéreas, urbanas, rurales, nacionales, departamentales o municipales afectando la circulación de personas, bienes o servicios esenciales y/o, quien, o quienes intelectualmente operativicen y/o direccionen dichas conductas, serán sancionada con pena privativa de libertad de cuatro a seis años y multa de 800 a 1.200 días”.
Con esta propuesta, quedaría en duda el alcance del proyecto que fue aprobado en la comisión de Justicia y que había generado resistencia entre legisladores del oficialismo, especialmente por el punto que contempla sanciones para autoridades que no logren prevenir un conflicto o que desoigan señales de alarma.
La Cámara de Diputados aprobó finalmente su agenda semanal, en la que no aparecen las llamadas “leyes estructurales” a las que alude el Gobierno. Tampoco figuran otras normas consideradas de peso, ya que la mayoría de los asuntos incluidos corresponden a declaratorias, reconocimientos y salutaciones.
