La Justicia dispuso un plazo de 30 días para que instituciones públicas y entidades vinculadas con la gestión del agua presenten un plan de acción orientado a enfrentar la contaminación del río Guadalquivir, en Tarija. La determinación surge a partir de una acción popular impulsada por el ingeniero José Luis Arzugaray, quien alertó sobre los riesgos ambientales y sanitarios derivados de la presencia de metales pesados en el afluente y del uso de sus aguas contaminadas para el riego agrícola.
La resolución alcanza al Gobierno Municipal de Tarija, al Gobierno Autónomo Departamental, a la Cooperativa de Servicios de Agua y Alcantarillado de Tarija (Cosaalt), a la Oficina Técnica Nacional de los Ríos Pilcomayo y Bermejo (OTN) y a otras instancias involucradas en la gestión del recurso hídrico. Arzugaray sostuvo que el caso se sustenta en observaciones contenidas en informes que advierten sobre incumplimientos de recomendaciones dirigidas a las entidades responsables.
De acuerdo con lo expuesto por el denunciante, el último informe de la Contraloría establece que el 55% de las recomendaciones formuladas a las instituciones no fueron cumplidas. En el caso de la Alcaldía de Tarija, señaló que el porcentaje llega al 77%, mientras que en Cosaalt asciende al 87%.
Uno de los puntos que más preocupación le genera, según manifestó, es el informe de la OTN, en el que el río Guadalquivir sería clasificado en categoría D crítica por las concentraciones de metales pesados identificadas. “El río en la actualidad se encuentra en categoría D crítica, con altas concentraciones de metales pesados, cancerígenos”, afirmó.
Arzugaray también advirtió sobre el impacto que tendría esta situación en la producción agrícola. Explicó que, según el informe al que hizo referencia, las aguas contaminadas son captadas en la obra de toma del sistema de riego Guadalquivir-Senavit-Calamuchita, lo que implicaría que amplias superficies de cultivo están siendo irrigadas con agua contaminada. “Grandes extensiones están siendo irrigadas con estas aguas contaminadas, lo cual estos cultivos estamos consumiendo”, expresó al justificar la presentación de la acción popular.
El denunciante consideró que la resolución judicial representa un paso importante para exigir respuestas concretas a las instituciones involucradas. Además, advirtió que, si no se cumple el plazo de 30 días para la presentación del plan de acción, podrían activarse acciones penales. También indicó que existe un plazo de cinco días para que las entidades presenten una comisión, cuyo vencimiento, según dijo, está previsto para el jueves.
En paralelo, el presidente de la Brigada Parlamentaria de Tarija, Gabriel Corvera, agradeció el respaldo de la ciudadanía y de las organizaciones de la sociedad civil que se sumaron a las acciones en defensa del medio ambiente. También destacó la participación del presidente del Colegio de Abogados, Fernando Valverde, quien patrocinó la adhesión de la Brigada Parlamentaria a la acción popular presentada por Arzugaray.
Corvera afirmó que la institución busca promover medidas preventivas frente a la problemática ambiental y remarcó la necesidad de que las autoridades competentes asuman acciones para proteger los recursos naturales. En ese marco, la presentación del plan de acción dentro del plazo fijado será determinante para conocer las medidas que propondrán las entidades involucradas para reducir la contaminación del Guadalquivir y atender las observaciones sobre la calidad de sus aguas.
