Las Juntas Vecinales de Tarija se declararon en estado de emergencia ante la posibilidad de que el Gobierno central elimine la subvención al gas licuado de petróleo (GLP) y a la gasolina en 2027, después de la reducción de ese beneficio al diésel. La preocupación surgió a partir de los trascendidos sobre esa medida, que ya generaron rechazo entre los sectores vecinales.
El presidente de la Federación Departamental de Juntas Vecinales (Fedjuve), Ronald Gárnica, manifestó que las autoridades deberían abrir un proceso de consulta con las juntas vecinales y otros sectores antes de incluir una eventual eliminación de subvenciones estatales en el proyecto presupuestario del próximo año. A su juicio, cualquier decisión de ese tipo tendría un fuerte impacto en la economía de la población.
“La eliminación de la subvención al diésel nos afectó y ahora se va profundizar si se hace con el GLP y la gasolina. Se debería consultar a nosotros antes de incluir en el Presupuesto General del Estado (PGE) de 2027 que va ser debatido por los senadores y diputados, pero gran parte de ellos no conocen la realidad económica de la población”, afirmó.
La molestia de las juntas vecinales se expresó ya el lunes, cuando la Fedjuve realizó una marcha de cacerolas vacías en rechazo al alza de los productos alimenticios y a la eliminación de las subvenciones. Gárnica sostuvo que esa movilización marca el inicio de las protestas contra el Gobierno central.
En paralelo, el diputado de la Alianza Libre, José Luis Porcel, reveló que en el Presupuesto General del Estado de 2027 el Gobierno contempla la eliminación parcial de la subvención a la gasolina y al GLP. Según explicó, se analiza la forma de aplicar esa medida para que el impacto no sea tan fuerte, considerando que se trata de un producto de primera necesidad para muchas familias que no cuentan con gas domiciliario y dependen de la garrafa.
Porcel advirtió que la eliminación de la subvención a la gasolina tendría un efecto inflacionario, mientras que la del GLP podría empobrecer aún más a la población boliviana, debido a su uso cotidiano para la preparación de alimentos. En su criterio, si se concreta una reducción parcial del subsidio a la garrafa, su precio podría subir de Bs 22,50 a alrededor de Bs 80.
El legislador también sostuvo que la población terminaría pagando las consecuencias de los “20 años de despilfarro” del Gobierno del MAS, al recordar que, durante el periodo de bonanza económica, no se resolvió el problema de los combustibles. Además, señaló que el Ejecutivo debe remitir el proyecto presupuestario hasta el 31 de este mes a la Asamblea Legislativa Plurinacional para su respectivo debate.
