La jefa de la bancada de la alianza Libre, Lissa Claros, confirmó que su fuerza política pidió al presidente de la Cámara de Diputados apartar al legislador Rafael López de sus funciones, luego de que su nombre apareciera en la lista de ciudadanos bolivianos alcanzados por las restricciones de visas anunciadas por Estados Unidos.
La legisladora sostuvo que la solicitud fue planteada desde una posición institucional, con el objetivo de evitar que el trabajo de la Asamblea Legislativa quede expuesto a cuestionamientos sobre su independencia, especialmente en un momento sensible como el proceso de designación del nuevo fiscal general del Estado.
“De manera oficial, lo que nosotros hicimos fue solicitar al presidente de la Cámara de Diputados que lo pueda desvincular. No hay procedimientos legislativos como que pueda estar en la Comisión de Ética o también a través de una resolución camaral”, explicó Claros al referirse al pedido.
La representante de Libre aclaró que su bancada respeta la presunción de inocencia de las personas incluidas en la lista difundida por Estados Unidos, pero consideró que corresponde adoptar medidas preventivas mientras se esclarecen los señalamientos. A su juicio, la Asamblea no debe asumir un rol de juzgamiento, sino actuar para evitar que la situación afecte el desarrollo de sus funciones.
“Hay que distinguir que nosotros no somos una instancia para juzgar, pero sí para pedir que se los aparte y ellos puedan demostrar su inocencia para que el trabajo de la Asamblea no se vea contaminado”, afirmó.
En ese marco, Claros planteó dos salidas para los legisladores involucrados: que soliciten una licencia temporal o que sean apartados de sus funciones mientras presentan descargos que permitan aclarar su situación. Además, comparó este caso con la desvinculación del exfiscal general Roger Mariaca y pidió que las decisiones se adopten con la misma rapidez.
La parlamentaria anunció también que la alianza Libre solicitará formalmente al Ministerio Público que investigue a todas las personas incluidas en la lista. De forma paralela, adelantó que presentarán una petición de informe por medio de la Cancillería para conocer la documentación que habría manejado Estados Unidos y que derivó en la decisión.
“Cuando Estados Unidos toma una determinación así, no es porque no tenga indicios verdaderos, no es porque se le ocurra, no es porque diga que este diputado no le cae, las cosas no son así”, sostuvo.
Claros también cuestionó que entre los señalados figuren exfuncionarios de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Narcotráfico (Felcn), funcionarios vinculados a la Unidad de Investigaciones Financieras (UIF), fiscales y autoridades judiciales. A su criterio, esa composición de nombres debe encender alertas sobre una posible penetración del narcotráfico en instituciones del país.
El pronunciamiento del Departamento de Estado de Estados Unidos, según la información difundida, amplía las restricciones de visas a 40 personas en Bolivia. El documento identifica nominalmente a 15 ciudadanos bolivianos e incluye también a sus familiares directos.
Entre los nombres mencionados figuran los diputados Rafael Darío López Mercado y Rolando Santos Pacheco Chávez, además del exfiscal general Juan Lanchipa Ponce, junto con otros exfiscales, jueces, autoridades policiales y exfuncionarios públicos.
Claros insistió en que la Asamblea Legislativa debe resguardar su independencia y transparencia, por lo que espera que se adopten medidas mientras se solicita información y avanzan las investigaciones sobre los señalamientos.
