La Sala Penal del Tribunal Supremo de Justicia activó la investigación contra el expresidente Evo Morales y el exvicepresidente Álvaro García Linera a partir de una proposición acusatoria por presuntos delitos de lesa humanidad vinculados con el operativo policial del 16 de abril de 2009 en Santa Cruz. El caso se abrió luego de que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos señalara que en ese operativo se produjeron ejecuciones extrajudiciales a cargo de la Policía.
El presidente de la Sala Penal, Carlos Ortega, informó que la resolución ya fue notificada al fiscal general en ejercicio, José Armando Urioste, y también a quienes presentaron la denuncia. Con esa actuación, la Fiscalía quedó habilitada para desarrollar la investigación durante un plazo de 30 días y emitir una resolución conclusiva. Ortega aclaró que esta etapa aún no implica el inicio del juicio de responsabilidades.
“Está corriendo el plazo”, afirmó en Sucre, al explicar que el cómputo comenzó una vez subsanados los domicilios de los denunciados. Añadió que la tarea de investigar corresponde a la Fiscalía y que el Tribunal Supremo de Justicia esperará sus actuaciones conforme a procedimiento.
Como parte de las diligencias, la Sala Penal remitió órdenes a los tribunales departamentales de Cochabamba y Chuquisaca para notificar a los denunciados en los domicilios reportados por el Ministerio Público. Ortega habló de plazos de 48 y 72 horas para cumplir esas notificaciones. Por su parte, Urioste aseguró que el caso no fue paralizado y sostuvo que la Fiscalía trabaja en la fase de antejuicio.
La proposición acusatoria fue presentada el 9 de octubre por representantes de la alianza Libre y apunta a establecer las presuntas responsabilidades de las exautoridades en el ejercicio de sus funciones. La investigación preliminar deberá definir si existen elementos suficientes para avanzar hacia un eventual juicio de responsabilidades, de acuerdo con el procedimiento legal.
Los hechos investigados se remontan al 16 de abril de 2009, cuando una intervención policial en un hotel de Santa Cruz terminó con la muerte de Eduardo Rózsa Flores, Árpád Magyarosi y Michael Dwyer. En su momento, el Gobierno sostuvo que había desarticulado una supuesta célula terrorista, aunque la Fiscalía no logró probar ese extremo. Desde entonces, sobrevivientes y personas procesadas denunciaron detenciones arbitrarias, torturas y persecución judicial relacionadas con ese operativo.
En paralelo, continúa otra causa penal impulsada por Juan Carlos Guedes, Alfredo Saucedo y David Sejas, a la que luego se sumó la Procuraduría. Esa denuncia involucra a 150 personas, entre exautoridades y operadores de justicia. El caso llegó a la Corte Interamericana después de que la CIDH identificara vulneraciones y recomendara investigar los hechos y reparar a las víctimas.
