La muerte de un recluso de la tercera edad en el penal de San Pedro, en Oruro, abrió una denuncia de presunta negligencia médica por parte de sus familiares, quienes aseguran que no recibió atención oportuna cuando su salud se agravó. El interno, identificado como Ramiro M. B., falleció el 2 de noviembre luego de atravesar una crisis respiratoria que, según el entorno familiar, ya venía complicándose desde semanas antes.
De acuerdo con la versión de sus allegados, el cuadro de salud del privado de libertad se deterioró de manera visible y, pese a ello, no habría recibido las condiciones necesarias para su tratamiento. La familia sostiene que las autoridades penitenciarias demoraron su traslado a un centro médico y además le habrían impedido el ingreso de medicamentos que necesitaba para su recuperación.
La emergencia se registró la mañana del 1 de noviembre, cuando su estado empeoró y se pidió su evacuación hacia el Hospital Barrios Mineros. Sin embargo, según el relato de la hermana del interno, la asistencia no llegó con la rapidez requerida. La mujer afirmó que Ramiro M. B. ya estaba delicado desde hacía varias semanas y que las restricciones dentro del penal dificultaron su atención.
Los familiares relataron que, durante la mañana en que ocurrió el desenlace, el recluso pidió ser llevado a un centro de salud, pero habría permanecido esperando en la puerta del recinto penitenciario. Finalmente, se desvaneció y murió antes de que pudiera concretarse su ingreso formal al hospital, al que llegó sin signos vitales.
Ramiro M. B. permanecía privado de libertad desde hace cerca de dos años, tras ser procesado por una denuncia de agresión sexual. A partir de su fallecimiento, sus familiares exigen que el caso sea investigado para establecer si existió omisión de socorro y determinar eventuales responsabilidades penales y administrativas.
Además, la familia recordó que ya había solicitado una revisión de su situación jurídica debido a su avanzada edad y al deterioro de su salud, pero asegura que ese pedido no fue atendido a tiempo. Mientras tanto, se espera un pronunciamiento oficial de la administración del penal de San Pedro y de la Dirección Departamental de Régimen Penitenciario de Oruro para esclarecer qué protocolos se aplicaron durante la emergencia médica.
