El Gobierno salió este martes en defensa del viceministro de Régimen Interior, Peter Maldonado, luego de que apareciera un mensaje de amenaza junto al cadáver de un hombre en Santa Cruz de la Sierra. La respuesta oficial fue encabezada por el ministro de Gobierno, Marco Antonio Oviedo, quien leyó un pronunciamiento acompañado por el propio Maldonado y por el Alto Mando de la Policía Boliviana.
En esa declaración, Oviedo expresó el respaldo “personal, político e institucional” del Ejecutivo hacia el viceministro y sostuvo que las intimidaciones responden a la reacción de organizaciones criminales frente a los operativos desplegados por el Estado. “No nos van a amedrentar”, afirmó al advertir que el Gobierno mantendrá su línea de acción contra estas estructuras.
La tensión se incrementó desde la noche del lunes, cuando se conoció el hallazgo del mensaje amenazante. A partir de ese hecho, unidades policiales se movilizaron en Santa Cruz y, según se informó, al menos 250 agentes fueron desplegados. En paralelo, durante la jornada de ayer se produjo la captura de seis personas presuntamente vinculadas con el PCC.
Oviedo sostuvo que, desde la captura de Sebastián Marset en marzo, las autoridades han enfrentado “ataques, amenazas y provocaciones” atribuidos a redes vinculadas con el narcotráfico y a presuntos protectores políticos e institucionales. En ese marco mencionó operativos contra cabecillas del Comando Vermelho y del Primer Comando de la Capital, ambos de Brasil, además de Los Pulpos, de Perú; Los Espartanos, de Colombia, y organizaciones uruguayas.
El ministro también incluyó en su recuento la detención y procesamiento del exfiscal general Róger Mariaca y de otras exautoridades investigadas por presuntas redes de protección y encubrimiento. Aseguró además que el gabinete cuenta con el respaldo del presidente Rodrigo Paz y que no dará marcha atrás en su objetivo de desarticular organizaciones criminales. En esa línea, pidió a Maldonado continuar trabajando “con firmeza” y le aseguró que no estará solo.
Las declaraciones oficiales llegaron después de que el comandante general de la Policía, Adrián Álvarez, relacionara el asesinato de un hombre en situación de calle en el Cordón Ecológico de Santa Cruz con una supuesta estrategia de intimidación. La víctima, identificada de manera preliminar como “El Chato” o “Conejo”, fue encontrada el lunes con heridas de bala y con un cartel que exigía al viceministro el pago de una presunta deuda.
Álvarez interpretó ese mensaje como un intento de desviar la atención del verdadero propósito, que sería presionar a las autoridades para frenar las operaciones antidroga. Sin embargo, esa hipótesis no ha permitido identificar todavía a los autores del crimen ni demuestra la existencia de una deuda atribuida al viceministro.
El jefe policial vinculó además las amenazas con las acciones emprendidas contra “Amigos do Estado”, una red que, según su versión, era dirigida por el brasileño Engri Júnior de Almeida Maia, capturado tras un enfrentamiento con la Policía en Concepción el 24 de octubre. A esa estructura le atribuyó nexos con Marset y señaló al brasileño como responsable de unos 12 sicariatos en Bolivia y 40 asesinatos en Brasil. También informó sobre 11 allanamientos y seis aprehendidos en el marco de las investigaciones.
Por su parte, el fiscal general, José Armando Urioste, calificó de preocupantes las amenazas y aseguró que se indaga su origen y una posible relación con los asesinatos. En una postura distinta a la del Gobierno, el vicepresidente Edmand Lara pidió a Maldonado explicar a qué se refiere el supuesto reclamo económico, aunque aclaró que no lo está acusando de ningún delito.
Oviedo también apuntó a sectores vinculados con el Chapare como posible origen de las intimidaciones, aunque no presentó elementos de prueba durante la lectura de su comunicado. En tanto, el ministro de Defensa, Ernesto Justiniano, informó que se reforzarán los patrullajes militares y pidió que los homicidios y asesinatos sean investigados con prioridad.
