A más de un mes de la promulgación de la Ley 1771 por parte del presidente Rodrigo Paz, el debate sobre su aplicación sigue abierto y sin una definición que conforme a todos los sectores involucrados. La norma estableció que el Gobierno asuma el pago del bono de vacunación para los trabajadores en salud, pero en Tarija persiste la controversia sobre quién debe cubrir ese beneficio y desde cuándo corresponde hacerlo.
La Gobernación tarijeña sostiene que la responsabilidad ya recae en el Ejecutivo nacional, mientras que la Brigada Parlamentaria del departamento exige la renuncia de la ministra de Salud, Tatiana Flores, por el incumplimiento que atribuye a la autoridad. La Ley 1771 también asigna al nivel central el pago de títulos de bachiller y prediarios, lo que amplía el alcance de las obligaciones que quedaron fijadas en la normativa.
En medio de esa discusión, el sector salud del departamento había preparado la semana pasada medidas de protesta, aunque decidió postergarlas para asistir junto a una delegación de la Brigada Parlamentaria a una reunión con el Ministerio de Salud. Sin embargo, el encuentro no dejó avances concretos, según relató el presidente de la Brigada Parlamentaria de Tarija, Gabriel Corvera, quien afirmó que no obtuvieron una respuesta sobre la fuente de financiamiento para el bono vacuna.
Corvera explicó que uno de los puntos centrales del diálogo era precisamente conocer de dónde saldrían los recursos para cumplir con el pago. Según dijo, esa respuesta no llegó y, al acercarse al Ministerio, los delegados se encontraron con una atención limitada. En su criterio, la falta de definición agrava la situación del sector salud y deja abierta la posibilidad de nuevas medidas.
Ante ese escenario, el diputado de Unidad anunció cuatro acciones para presionar por la aplicación de la Ley 1771. La primera será la presentación de una acción de cumplimiento, coordinada con las brigadas de Beni y Potosí, además de la diputada Karina Liebers, autora de la propuesta. A ello se sumará una acción popular por la presunta vulneración de dos derechos: el acceso de la población a la salud y los derechos del propio sector salud, afectados —según su planteamiento— por la inacción y la falta de observancia de la norma.
La tercera medida será impulsar la interpelación a la ministra Flores, mientras que la cuarta apunta a la activación de un proceso penal por presunto incumplimiento de deberes. Corvera también fue más allá y pidió públicamente la renuncia de la ministra, al considerar que no está respondiendo a las demandas del sector.
La gobernadora de Tarija, María René Soruco, también se pronunció sobre el tema e informó que la semana pasada envió una carta al Ministerio de Salud solicitando la aplicación de la ley y el pago del bono de vacunación. Desde esa cartera, indicó, le respondieron que las gobernaciones deben cubrir el bono hasta septiembre y que el nivel central se haría cargo de octubre en adelante.
Soruco rechazó esa interpretación y sostuvo que el bono es anual, por lo que no corresponde dividirlo por meses. En su criterio, la lectura del Ministerio se aparta de la construcción política de la ley y de los acuerdos que permitieron su aprobación. Además, afirmó que los gobernadores comparten el desacuerdo con esa postura y cuestionó que se diga una cosa y se haga otra.
