El Gobierno llegó a agosto con la agenda 50-50 como una herramienta para desactivar tensiones políticas, pero el avance de los compromisos asumidos con gobernaciones, municipios y sectores sociales sigue sin concretarse. A ello se suma la presión del Fondo Monetario Internacional, cuyas exigencias de ajuste tampoco terminan de reflejarse en el Presupuesto General del Estado 2027, mientras se acerca el plazo para su aprobación.
Con el presidente Rodrigo Paz, el ministro de la Presidencia Fernando Aramayo y el ministro de Economía Christian Morales en España, el Ejecutivo dio el primer paso formal y envió la Ley que modifica la Ley Marco de Autonomía para asegurar un 1% de coparticipación para las gobernaciones. Sin embargo, el proceso mantiene el nombre de “50-50”, pese a que el porcentaje propuesto está lejos de esa referencia.
La reacción de los municipios no tardó. La Federación de Asociaciones Municipales, que agrupa a las 335 alcaldías del país y está presidida por el alcalde de Cercado, Johnny Torres, remitió una tercera carta al Ejecutivo para exigir respuestas. Según la dirigencia municipal, hace mes y medio se asumieron compromisos concretos, entre ellos la devolución del 12% del IDH para la Ley de Incentivos, pero hasta ahora no se ha convocado siquiera a una reunión para explicar cómo se cumplirán esos acuerdos.
En paralelo, persiste el marco más amplio de las obligaciones asumidas con el Fondo Monetario Internacional. A cambio de un crédito de 1.900 millones de dólares, el programa económico contemplaba el fin de las subvenciones y una reducción del déficit, que debería bajar al 6,7% en 2027 desde el 10-12% con el que se prevé cerrar este año. Pese a ello, el PGE 2027 todavía incluye 11.000 millones de bolivianos para subvenciones al combustible.
El debate sobre la coparticipación tributaria para las gobernaciones sigue trabado tanto en la forma como en el fondo. Las autoridades departamentales sostienen que los recursos actuales no alcanzan para cumplir sus funciones, mientras el Gobierno insiste en que no puede ceder más ingresos porque concentra la mayor parte de las responsabilidades estatales. Ayer, el Ejecutivo presentó el anteproyecto de ley y los equipos técnicos de las gobernaciones tienen hasta el día 6 para presentar una contrapropuesta.
La propuesta oficial fija la coparticipación en 1% y no la vincula a competencias o gastos específicos, aunque deja abierta la posibilidad de firmar convenios. Tampoco incorpora la idea de establecer alícuotas departamentales sobre los impuestos ya existentes. El texto define como tributos coparticipables al IVA, IUE, IT, RC-IVA, ICE, además del gravamen aduanero y el Impuesto de Salidas al Exterior. Con una recaudación que en 2024 superó los 45.000 millones de bolivianos, el 1% equivaldría aproximadamente a 450 millones de bolivianos, según el cálculo mencionado por el viceministro de Autonomía, Adrián Oliva.
La norma también deja en manos de los gobernadores la forma en que se distribuiría ese porcentaje entre los departamentos. En ese escenario, la asignación podría definirse por criterios como la población, lo que en el caso de Tarija implicaría alrededor de un 5%. Además, la adhesión al esquema sería voluntaria, por lo que cada gobernación decidiría si se suma o no.
Pese a esa apertura, la postura mayoritaria de las gobernaciones es de rechazo por considerar insuficiente el porcentaje. También han planteado observaciones técnicas al anteproyecto. El texto prevé un reconocimiento adicional si crece la base de aportantes mediante acciones coordinadas entre el SIN y la propia gobernación, pero el contexto económico actual apunta más bien a pérdida de empleos, reducción de gastos, cierre de empresas y, por tanto, menor recaudación.
Los municipios, por su parte, también han elevado su reclamo. Tras plantearlo en agosto, firmaron una hoja de ruta en septiembre, pero tampoco han visto avances. Torres recordó que el Gobierno pidió 15 días calendario el pasado 23 de septiembre, durante la reunión realizada en Santa Cruz, para explicar cómo se procederá con la cesación del descuento del 12% del IDH y de qué manera se devolverán esos recursos. Sin embargo, afirmó que hasta ahora no existe una nueva fecha de encuentro ni una respuesta formal, pese a que ya se enviaron tres
