La investigación que involucra al presidente del Tribunal Supremo de Justicia, Rómer Saucedo, dio ayer un nuevo giro al alcanzar a su entorno familiar. En Santa Cruz, agentes de la Policía Anticorrupción realizaron cuatro allanamientos, tomaron declaraciones a varios allegados y secuestraron documentación y otros elementos que ahora serán sometidos a revisión por parte del Ministerio Público.
De acuerdo con los reportes preliminares, tres de las intervenciones se ejecutaron en la zona norte de Santa Cruz de la Sierra y una más en San Ignacio de Velasco, en la Chiquitanía. También se mencionaron diligencias en el Urubó, aunque ese dato no fue confirmado oficialmente. Al menos tres familiares fueron trasladados hasta dependencias de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen, pero hasta el cierre no se había difundido una nómina oficial de personas arrestadas ni se había precisado su situación procesal.
Los operativos tienen como objetivo reunir indicios y establecer el paradero de Saucedo, sobre quien pesa una orden de aprehensión emitida el 3 de noviembre por presuntos delitos vinculados al tráfico de sustancias controladas y la organización criminal. El fiscal general, José Armando Urioste, explicó que parte de las actuaciones permanece bajo reserva debido a la presencia de testigos protegidos dentro de la investigación.
La acción judicial también alcanzó a Ana Gabriela Saucedo Gómez, hermana del magistrado. En su caso, el fiscal Nelson Quintana Heredia emitió una orden de aprehensión dentro de una investigación por el supuesto cobro de Bs 1 millón para favorecer a una de las partes en un proceso judicial. La denuncia incluye la referencia a un video en el que presuntamente se observa la entrega del dinero, material que deberá ser verificado. Esta causa por presunta corrupción judicial es independiente del proceso por narcotráfico.
En medio de la presión judicial, Saucedo afirmó el miércoles que salió de Bolivia junto a su familia y se declaró en el “exilio”, argumentando amenazas y persecución política. No obstante, el comandante general de la Policía, Adrián Álvarez, informó que las primeras verificaciones migratorias no registraron su salida por un paso fronterizo habilitado. Mientras tanto, la Fiscalía maneja como hipótesis un posible desplazamiento hacia Brasil, aunque sin confirmación oficial.
La exdiputada Laura Rojas, procesada por el caso de las 32 maletas llegadas de Miami a Viru Viru en noviembre de 2025, también apuntó ayer contra Saucedo al señalarlo como supuesto dueño del equipaje que arribó al país.
Desde Madrid, donde participó en la XXX Cumbre Iberoamericana, el presidente Rodrigo Paz se refirió al impacto que este caso tiene en la justicia boliviana, un sistema que atraviesa una crisis desde hace varios años. Además, adelantó gestiones para conseguir recursos destinados a impulsar “una justicia bien hecha y bien pagada”.
