La crisis que atraviesa el sistema judicial boliviano ya no se limita a un diagnóstico interno ni a un debate sobre el deterioro institucional. En los últimos días, el remezón alcanzó a la cúpula de los tribunales, derivó en cambios dentro de la Fiscalía y empezó a tocar también al Tribunal Supremo Electoral, en un escenario marcado por investigaciones por narcotráfico, cohecho y presunta manipulación de causas que involucran a exautoridades y han precipitado relevos en Sucre y Santa Cruz.
En ese contexto, el Tribunal Supremo de Justicia adelantó ayer la posesión de Carlos Eduardo Ortega Sivila como nuevo presidente. Su asunción estaba prevista para el 4 de enero de 2027, pero la Sala Plena decidió acelerar el relevo tras la ausencia de Rómer Saucedo, quien el 4 de noviembre anunció su “exilio” alegando amenazas. Saucedo no regresó en el plazo que se le otorgó y dejó de ejercer la magistratura por Santa Cruz, cargo que ahora ocupa su suplente, Mirian Rosell.
Ortega no intentó minimizar la magnitud del momento. Tras asumir en Sucre, expresó que sentía “profundamente el dolor que atraviesa el Órgano Judicial de Bolivia” y fue todavía más enfático al señalar que “ya no es momento de hablar de crisis, sino de reconocer una profunda, pero profunda crisis total del sistema de administración de justicia”. Su mensaje estuvo acompañado de una autocrítica sobre el funcionamiento del sistema, al advertir que la burocratización ha oscurecido las decisiones de los administradores de justicia y ha alimentado la pérdida de credibilidad.
El nuevo presidente del TSJ también recordó que los intentos de transformación no son recientes y que se repiten desde las reformas impulsadas por René Blattmann entre 1997 y 1999. En esa línea, planteó la necesidad de encarar cambios junto al Ejecutivo, la Asamblea Legislativa, las universidades, los abogados y las organizaciones civiles. “Hay que dar el puntapié inicial con cosas concretas”, remarcó.
Sin embargo, la salida de Saucedo abrió además un frente judicial que ya estaba en marcha. El fiscal general interino, José Armando Urioste, confirmó dos investigaciones en su contra: una vinculada al caso de las 32 maletas llegadas a Viru Viru y otra por un supuesto hecho de cohecho relacionado con Bs 1 millón que habría recibido su hermana. La Fiscalía deberá establecer si corresponde seguir la vía ordinaria o si el caso debe tramitarse mediante un juicio de responsabilidades, en función de la relación que pueda establecerse con las próximas decisiones judiciales.
En el caso Maletas, el expresidente del Tribunal Departamental de Justicia cruceño, Aldo Quezada, declaró como investigado y atribuyó a Saucedo un papel central en el presunto entramado. También mencionó al exfiscal general Róger Mariaca, actualmente recluido preventivamente en Cantumarca, dentro de la pesquisa sobre una presunta red de protección al narcotráfico. Urioste anunció que citará a otras personas mencionadas por Quezada, entre ellas el juez Primo Flores, y que ampliará las indagaciones a funcionarios de Aduana, Policía, DGAC y el aeropuerto, sin descartar al Segip, responsable de la entrega de documentos de identificación personal.
Las declaraciones de Quezada también apuntan a un presunto direccionamiento informático de procesos por sustancias controladas, legitimación de ganancias, aduanas y corrupción hacia determinados juzgados. Según su versión, algunos despachos acumulaban cientos de expedientes mientras otros recibían apenas una fracción de esos casos.
El efecto del remezón no se quedó en el ámbito judicial. También alcanzó al terreno electoral. Quezada aseguró que Saucedo intentó favorecer a un familiar en las elecciones para alcalde de San Ignacio de Velasco y que mantenía “coordinación con la presidencia del TSE”. A ello se sumó la denuncia del gobernador Juan Pablo Velasco, quien afirmó haber recibido amenazas y presiones para impedir que Libre presentara candidatos en ese municipio cruceño.
Frente a esas acusaciones, Gustavo Ávila, presidente del Tribunal Supremo Electoral, negó cualquier coordinación irregular. “Jamás hemos coordinado esos temas”, sostuvo, y añadió: “Viniendo de una persona que está siendo investigada, llama poderosamente la atención porque no dijo nada en las elecciones subnacionales”. Esos comicios se realizaron en marzo.
En Santa Cruz, el presidente del Tribunal Electoral
