El diputado de Alianza Unidad, Carlos Alarcón, expresó su desacuerdo con la ampliación del estado de excepción por 90 días aprobada por la Asamblea Legislativa y sostuvo que esa decisión termina postergando el tratamiento de una reforma parcial de la Constitución.
Según explicó, él había propuesto que la extensión fuera de solo 60 días, y no de 90 como planteó el Gobierno, con la intención de que el Legislativo pudiera avanzar hasta fines de noviembre en la aprobación de una ley de reforma parcial y, después, abrir paso a la convocatoria de un referéndum.
“Yo planteé que solo debería ampliarse el estado de excepción un máximo de 60 días, no de 90 como estaba planteando el Gobierno”, afirmó el legislador, al justificar su posición sobre el plazo que debía aprobarse.
Alarcón señaló además que, desde su interpretación, mientras esté vigente el estado de excepción no puede iniciarse formalmente una reforma constitucional. En ese sentido, recordó que el artículo 140, parágrafo III de la Constitución establece que ese proceso no puede arrancar mientras subsista esa medida excepcional.
El diputado también vinculó su propuesta con la necesidad de tratar una ley antibloqueos durante ese tiempo y cuestionó que el Gobierno siga recurriendo al estado de excepción en lugar de impulsar una salida legislativa de carácter permanente. A su juicio, la medida no responde de manera efectiva a las situaciones de bloqueo que se han presentado.
“El estado de excepción es más virtual que real, es más simbólico y formal que efectivo”, manifestó, al poner en duda la utilidad práctica de la disposición frente a anteriores protestas.
Asimismo, criticó la forma en que el Gobierno ha manejado las movilizaciones y afirmó que existe una contradicción entre mantener el estado de excepción y, al mismo tiempo, acudir al diálogo ante los bloqueos.
Finalmente, Alarcón cuestionó que la ampliación haya sido aprobada por la Asamblea y sostuvo que esa decisión retrasa reformas que, según su criterio, deberían introducir cambios en el ámbito económico y judicial de la Constitución.
