La Asamblea Legislativa Plurinacional aprobó un proyecto de ley que abre la posibilidad de suspender al fiscal general del Estado, Róger Mariaca, y de designar en su lugar a una autoridad interina con las mismas atribuciones durante un periodo de tres meses.
La iniciativa fue tratada con rapidez en el Senado y en la Cámara de Diputados, instancia que finalmente sancionó la modificación del artículo 25 de la Ley 260 del Ministerio Público. Con este cambio, el pleno de la ALP tendría la tuición de decidir la suspensión del fiscal general y habilitar la designación temporal de un reemplazo mientras se concreta la elección de una nueva autoridad titular.
Horas después de la aprobación legislativa, el presidente Rodrigo Paz promulgó la norma, lo que permitió que la Asamblea reanudara su sesión con el objetivo de designar al nuevo fiscal general.
El proyecto incorpora un nuevo artículo dentro de la Ley 260, norma que actualmente regula el procedimiento para la suspensión definitiva de la o el fiscal general del Estado. La propuesta establece que el mecanismo podrá activarse por decisión de la Asamblea Legislativa Plurinacional, mediante votación de los miembros presentes en una sesión ordinaria, aunque restringe su aplicación a la existencia de indicios fehacientes sobre la presunta comisión de delitos aprovechando el cargo y las facultades conferidas como máxima autoridad jerárquica del Ministerio Público.
En ese contexto, la ley plantea que la autoridad interina solo podrá ejercer el cargo durante tres meses, plazo en el que la Asamblea deberá desarrollar el proceso de selección y designación de la o el nuevo fiscal general del Estado.
La disposición también establece que quien asuma de manera interina deberá cumplir con los mismos requisitos generales y específicos previstos en la Constitución Política del Estado y en la Ley Orgánica del Ministerio Público.
Además, se señala que la o el fiscal general interino tendrá como tarea prioritaria desmantelar las estructuras criminales vinculadas con la causa que motivó la suspensión. Para ello, contará con la facultad de conformar equipos especializados y solicitar cooperación internacional, siempre bajo el respeto al debido proceso y al control judicial.
