La madrugada de este sábado 3 de octubre, la Asamblea Legislativa Plurinacional designó a José Armando Urioste Viera como fiscal general del Estado interino, en reemplazo de Róger Rider Mariaca, quien fue aprehendido en el marco de una investigación abierta por presuntos nexos con el narcotráfico.
Aunque su nombre no figuraba en el listado inicial de los tres postulantes propuestos durante la sesión de la ALP, Urioste fue elegido para asumir la conducción interina del Ministerio Público. Su perfil está marcado por una extensa trayectoria en la administración de justicia, especialmente en el departamento del Beni, donde desarrolló gran parte de su carrera profesional.
Según los datos oficiales del Órgano Electoral Plurinacional, José Armando Urioste Viera tiene 58 años y nació en Beni. En el ámbito académico, es licenciado en Derecho, Ciencias Jurídicas y Sociales. Además, cuenta con un diplomado en Derecho Procesal Civil y otro en Educación Superior. Su formación de posgrado incluye una maestría en Derecho Constitucional y Derecho Agrario.
Su experiencia laboral en el sistema judicial es amplia. Fue secretario de Cámara del Tribunal Departamental de Justicia de Beni y del Tribunal Agrario Nacional. También ejerció como juez de Instrucción durante tres años, juez de Partido por años y juez Público Civil y Comercial por más de 11 años. Más adelante, se desempeñó como vocal de la Sala Social, Contenciosa y Contenciosa Administrativa durante seis años y ocupó el cargo de decano del Tribunal Departamental de Justicia del Beni por seis años.
A esa trayectoria se suma su labor como docente en pregrado y posgrado en distintas universidades, además de su trabajo en el Instituto de la Magistratura. También fue egresado del Proyecto de Reformas Judicial, dentro del programa piloto de creación del Instituto de la Magistratura con apoyo del ILANUD.
En 2024 participó en las Elecciones Judiciales como candidato a magistrado por su región. En una consulta sobre su visión de la justicia en Bolivia, sostuvo que en el plano normativo el país ha avanzado en la protección de los derechos humanos y en la defensa de los grupos vulnerables, aunque advirtió problemas estructurales en el Órgano Judicial.
En esa ocasión, afirmó que, pese a las reformas impulsadas en favor de los sectores más desprotegidos, persisten dificultades como la falta de institucionalización, la pérdida de credibilidad en la justicia, la ausencia de independencia judicial, la carencia de una carrera judicial idónea, debilidades en los mecanismos de ingreso al sistema judicial y la falta de incentivos para el ejercicio de las funciones judiciales.
