El presidente Luis Arce ha rechazado categóricamente la posibilidad de dimitir a su cargo. Afirmó que tal acción no resolvería los desafíos económicos del país y sugirió que las movilizaciones y pedidos de renuncia, impulsados por el expresidente Evo Morales, responden a un fin político: facilitar la habilitación de Morales como candidato en futuras elecciones. Según el mandatario, el propósito detrás de quienes demandan su salida es generar una sucesión presidencial que permita al expresidente volver a postularse, una situación que calificó de inconstitucional.
Estas declaraciones se producen en un contexto de siete días consecutivos de bloqueos viales que han perturbado la provisión de combustibles, alimentos y servicios esenciales en diversas regiones del país. Desde Cochabamba, tras visitar a miembros de la policía y personal de salud afectados en los puntos de conflicto, el jefe de Estado delineó una estrategia coordinada con las fuerzas de seguridad y militares para levantar las medidas de presión. Enfatizó la necesidad de proceder sin recurrir a la violencia ni repetir los errores que dejaron luto, en clara alusión a los trágicos sucesos de 2019.
Hizo referencia al desenlace violento de las protestas poselectorales de 2019, que resultaron en pérdidas de vidas en Sacaba y Senkata. Recordó que estos eventos estuvieron vinculados a la búsqueda de una reelección y mencionó el proceso judicial y la detención que enfrenta la expresidenta Jeanine Áñez por estos hechos.
El presidente lamentó la escalada de violencia en varios puntos del país y describió los bloqueos, particularmente en el Trópico de Cochabamba, como criminales. Argumentó que estas acciones buscan estrangular la economía nacional motivadas por un capricho personal de poder. Señaló que estos problemas fueron generados por el propio expresidente desde 2021, mediante ataques y descalificaciones desde la Asamblea.
Ante las interrogantes sobre si su dimisión podría ser una salida a la crisis, el presidente reiteró que la renuncia de una persona no aborda las raíces estructurales de los problemas del país, cuya solución requiere diálogo y acceso a financiamiento externo.
En paralelo a la postura presidencial, tres figuras políticas de oposición con aspiraciones presidenciales —Samuel Doria Medina, Jorge Quiroga y Manfred Reyes Villa— se reunieron también en Cochabamba. El encuentro tuvo lugar el domingo por la mañana, en la misma región más afectada por los bloqueos, y se produjo días después de que un exaliado del expresidente Morales revelara públicamente un supuesto plan contra el gobierno actual. Tras analizar la crítica situación nacional, emitieron un comunicado conjunto de siete puntos, expresando una seria preocupación por la estabilidad democrática.
El documento rechaza cualquier tentativa de subversión del orden constitucional que pretenda alterar la sucesión legal de autoridades o desconocer el Estado de derecho. Los firmantes instaron a los cuatro órganos del Estado a evitar acciones que pongan en riesgo el sistema democrático y el proceso electoral. Demandaron al Órgano Electoral la convocatoria a una cumbre con todos los poderes del Estado y los candidatos para asegurar la sucesión constitucional antes de la fecha electoral prevista para el 17 de agosto. Adicionalmente, exhortaron a la Asamblea Legislativa a agilizar la aprobación de créditos internacionales pendientes, considerándolos una medida que podría contribuir a aliviar la crisis económica.
Al respecto, Samuel Doria Medina señaló que, además de los problemas económicos existentes, buscan evitar que la democracia sea afectada. Manfred Reyes Villa aludió a la necesidad de impedir un quiebre democrático impulsado por quien fue presidente por catorce años, sugiriendo que su objetivo podría ser evitar el proceso electoral. Jorge Quiroga lamentó la violencia asociada a los bloqueos, mencionando ataques a personal médico y ambulancias, y criticó a parlamentarios por supuestamente dirigir estas acciones.
Sobre la aprobación de créditos, el presidente Arce recordó que su gobierno ha solicitado la viabilización de estos financiamientos desde hace más de dos años, enfrentando un bloqueo económico en la Asamblea que impide la implementación de medidas para mitigar la crisis.
Mientras tanto, desde puntos de bloqueo en el Chapare, dirigentes campesinos expresaron su rechazo a las acciones policiales y militares para despejar vías. Advirtieron que intervenir otros puntos de protesta desataría la furia de sus bases y aseguraron que los bloqueos se masificarán y serán indefinidos hasta la renuncia del presidente. El expresidente Evo Morales, por su parte, calificó la semana en curso como decisiva para las movilizaciones que impulsa, enmarcando la confrontación como una batalla entre el pueblo y el imperio y anticipando que las protestas se extenderán a nivel nacional, incluyendo Cobija. Vinculó la lucha a la defensa de la democracia, la economía, la canasta básica, el combustible y los recursos naturales.
El gobierno ha confirmado el despliegue de una estrategia conjunta entre Fuerzas Armadas y Policía para levantar los bloqueos de forma progresiva, priorizando la seguridad ciudadana. El presidente reafirmó el compromiso de su administración con el diálogo y con evitar pérdidas humanas, pero subrayó que no se permitirá la continuación de la violencia ni el riesgo a la vida de las personas por intereses personales
