La salida de Roger Mariaca Montenegro del Ministerio Público se produjo en cuestión de horas y terminó por cerrar de manera abrupta el ciclo que había iniciado en octubre de 2024, cuando asumió como fiscal general del Estado. En apenas tres días, pasó de ocupar la máxima autoridad de la Fiscalía a ser aprehendido y luego destituido por la Asamblea Legislativa, una decisión que se consolidó en la madrugada de este sábado 3 de octubre.
El quiebre comenzó la noche del miércoles 30 de septiembre, cuando Mariaca fue aprehendido en el aeropuerto internacional de Viru Viru, en Santa Cruz. La intervención se produjo solo 48 horas después de que Estados Unidos lo incorporara a una lista de sancionados y le prohibiera el ingreso a su territorio por presuntos vínculos con el narcotráfico. En ese mismo operativo también fue aprehendido Alberto Zeballos, fiscal departamental de Santa Cruz.
La investigación contra Mariaca lo vincula con los presuntos delitos de organización criminal y tráfico de sustancias controladas. En su imputación formal, la Fiscalía sostiene que habría utilizado su cargo para proteger al capo uruguayo Sebastián Marset, a quien, según esa acusación, le permitió el almacenamiento, ingreso y salida de drogas del país.
Mientras avanzaba este proceso, el Legislativo impulsó una modificación a la Ley 260 del Ministerio Público para incorporar nuevas causales de suspensión definitiva del fiscal general. El cambio se centró en el artículo 25 y estableció que la autoridad puede ser suspendida de forma definitiva por la Asamblea cuando sea imputada formalmente o esté sujeta a una medida cautelar personal por delitos graves, bajo las condiciones y la votación fijadas en la nueva disposición.
Con esa modificación ya en marcha, la Asamblea Legislativa concretó la suspensión definitiva de Mariaca como fiscal general del Estado, en una decisión que terminó por sellar su salida del cargo.
