El Gobierno y la Procuraduría General presentaron ante la Fiscalía de La Paz una denuncia contra cuatro exministros de Defensa y otras 15 personas por un presunto daño económico al Estado superior a Bs 1.478 millones, relacionado con el fallido proyecto Sidacta, el Sistema Integrado de Defensa Aérea y Control de Tráfico Aéreo, y la compra de 13 radares franceses.
La acción legal fue impulsada por el ministro de Defensa, Ernesto Justiniano, y el procurador general, César León, quienes acudieron a las ventanillas de denuncias de la Fiscalía paceña para formalizar la querella. La denuncia alcanza a Reymi Ferreira y Javier Zavaleta, exautoridades del gobierno de Evo Morales; a Fernando López Julio, exministro de Jeanine Áñez; y a Edmundo Novillo, quien ocupó el cargo durante la gestión de Luis Arce, además de funcionarios, técnicos y representantes de la firma francesa vinculada al contrato.
Justiniano sostuvo que el acuerdo no contemplaba la compra de radares por separado, sino la entrega de un proyecto integral. Según explicó, se trataba de un contrato “llave en mano”, mediante el cual el Estado debía recibir un sistema completo, integrado, funcional y en operación. También señaló que el plazo original para la entrega del Sidacta era de 31 meses, pero ese compromiso no se cumplió y, hasta 2024, se realizaron siete modificaciones contractuales con ampliaciones en las fechas de entrega.
De acuerdo con la explicación del ministro, esos cambios se produjeron durante cuatro gestiones ministeriales. En ese proceso, afirmó, se alteraron plazos, garantías, obligaciones y mecanismos de recepción. El plazo contractual, dijo, pasó de 31 a 82 meses, mientras que la prueba final se realizó a los 98 meses.
A partir de la auditoría realizada por el Gobierno, se identificó como corresponsables a los cuatro exministros. Ferreira habría suscrito el contrato original con Thales Air Systems y los dos primeros contratos modificatorios; Zavaleta firmó los modificatorios tercero y cuarto; López Julio suscribió el quinto; y Novillo firmó los modificatorios sexto y séptimo.
A las exautoridades se les atribuyen los delitos de contratos lesivos al Estado, incumplimiento de contratos, conducta económica e incumplimiento de deberes.
La auditoría también estableció que, de los 13 radares adquiridos, solo dos están en funcionamiento, según confirmó Justiniano. En febrero pasado, su antecesor Marcelo Salinas informó que uno de esos equipos, instalado entre Beni y La Paz, detectó 4.200 vuelos irregulares en la zona fronteriza de Bolivia con Brasil y Paraguay.
Más recientemente, el 15 de abril, la Fuerza Aérea Boliviana en Tarija informó a EL DEBER que los radares que sí operan permiten detectar aeronaves ilícitas que transportan droga y que utilizan el espacio aéreo boliviano, momento en el que se recurre a los aviones de caza K-8 para interceptarlas.
Tras conocerse la denuncia, el exministro Fernando López Julio respondió a través de sus redes sociales y aseguró que se presentará para defenderse. “Señor ministro de Defensa, Ernesto Justiniano, quedo a su disposición para presentarme ante quien corresponda. Mantengo mi posición de llegar a defenderme en libertad como corresponde”, publicó.
Por su parte, Reymi Ferreira también anunció que declarará y afirmó que es inocente. “Estoy absolutamente convencido de que no tengo responsabilidad”, señaló, al pedir que se respete el debido proceso.
En noviembre de 2015, Bolivia y Francia firmaron un contrato para la compra de 13 radares de uso militar y civil por un monto aproximado de 200 millones de euros.
