El Gobierno de Bolivia decidió ampliar de 120 a 2.500 litros mensuales el volumen de diésel subvencionado que podrán adquirir los pequeños productores agropecuarios, en una medida con la que busca desactivar la presión de sectores campesinos que este miércoles mantienen bloqueos de carreteras en Santa Cruz.
La decisión fue anunciada por el ministro de Defensa, Ernesto Justiniano, quien informó la aprobación del decreto 5698. Según explicó, los pequeños productores “seguirán accediendo al diésel al precio de 9,80 bolivianos” y tendrán autorización para comprar hasta 2.500 litros al mes para su actividad productiva.
Justiniano remarcó que el pequeño productor “no debe ser considerado como un gran consumidor”, en referencia a la diferencia con el precio de 18 bolivianos por litro fijado para otros sectores mediante una norma emitida el pasado 17 de agosto, que retiró parcialmente la subvención al combustible.
El ministro señaló que esta es una de las principales demandas planteadas por productores de Yapcaní, San Julián y Cuatro Cañadas, donde los campesinos cumplen este miércoles bloqueos por 24 horas para exigir la abrogación del decreto de agosto. En ese contexto, anunció que viajará por la noche a Cuatro Cañadas para dialogar directamente con los movilizados y sostuvo que, con la nueva disposición, deberían levantarse las medidas de presión.
El decreto recién aprobado también establece que los pequeños productores agropecuarios que accedan al combustible subvencionado no podrán transferirlo “bajo ningún título” y que, si lo hacen, perderán el beneficio.
La tensión en el sector se mantiene desde que el 17 de agosto el Gobierno promulgó el decreto 5676, que fijó un nuevo precio referencial de 18 bolivianos por litro de diésel sin subvención para industrias, empresas y otras entidades consideradas “clientes directos” y “grandes consumidores”. La medida fue adoptada para atender el abastecimiento ante las largas filas que volvieron a registrarse en las estaciones de servicio.
Esa disposición no alcanza al transporte público ni a privados con consumos menores a 5.000 litros al mes, que continúan pagando 9,80 bolivianos por litro. Aun así, sectores agroindustriales, productores y transportistas rechazaron la decisión y exigieron su abrogación, con amenazas de movilizaciones pese al estado de excepción vigente desde junio.
A las protestas también se sumaron sectores afines al expresidente Evo Morales, que anunciaron movilizaciones y prevén realizar una marcha este viernes en Cochabamba.
El Gobierno, por su parte, ha sostenido que el retiro de la subvención fue una de las condiciones planteadas por el Fondo Monetario Internacional para el programa de financiación por 1.900 millones de dólares anunciado con el país. El lunes, el presidente Rodrigo Paz afirmó que esos recursos no serán utilizados para subsidiar combustibles, sino para estabilizar la economía boliviana, que atraviesa una crisis desde hace años.
