Bolivia cerró 2025 con 36.400 hectáreas de cultivos de coca, una superficie que supera en 14.400 hectáreas el límite de 22.000 permitido por ley. La diferencia equivale al 65% por encima de lo establecido, según el Informe de Monitoreo de Cultivos de Coca 2025 presentado ayer junto con la nueva política antidroga del Gobierno.
La difusión de estos datos estuvo acompañada por una advertencia de Naciones Unidas sobre el avance y fortalecimiento del crimen organizado y de las redes de narcotráfico en Bolivia y en el resto de Sudamérica. Bo Mathiasen, director de la División de Operaciones de la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (Unodc), expresó su preocupación por el momento que atraviesa el país y por el contexto regional.
“Me parece que Bolivia está en un momento muy delicado. En la región hay un fortalecimiento del impacto del crimen organizado y el narcotráfico que también afecta a Bolivia”, afirmó. Mathiasen llegó al país para reunirse con autoridades y participar en la presentación del informe y de la nueva política antidroga. Antes sostuvo un encuentro con el presidente Rodrigo Paz, al que describió como “franco”.
Más tarde, al ser consultado sobre la presencia del crimen organizado en territorio nacional, fue directo. “Sí lo hay, obviamente, hay mafias y hay conexiones con crimen organizado transnacional, operan en Bolivia también. Eso tenemos que tomarlo en cuenta”, señaló. También sostuvo que Bolivia es un “corredor de tránsito de cocaína” y que existen evidencias de producción de droga dentro del país.
El representante de Naciones Unidas advirtió además que estas organizaciones han ampliado su alcance más allá del narcotráfico. “Hay una confluencia de crímenes entre los grupos transnacionales”, dijo al explicar que también incursionan en trata de personas, minería ilegal de oro y lavado de activos. A ello sumó el impacto institucional. “Están involucrando en la corrupción la institucionalidad del Estado y están desestabilizando la sociedad”, afirmó. Según explicó, estos grupos operan en Bolivia y en otros países de la región mediante “grandes articulaciones económicas”.
Frente a ese escenario, Mathiasen planteó que la respuesta debe ser coordinada. “Los países deben enfrentar estos problemas de manera conjunta”, sostuvo, al remarcar la necesidad de cooperación entre las instituciones sudamericanas para frenar su expansión. Recordó además que la Unodc mantiene un monitoreo permanente de los cultivos de coca en Bolivia, Perú y Colombia.
El informe presentado muestra que el mayor incremento de cultivos se registró en el Trópico de Cochabamba, donde la superficie creció 22% en solo un año. La región pasó de 14.275 hectáreas en 2024 a unas 17.460 en 2025. Ya en el monitoreo anterior había mostrado una expansión del 18%, cuando subió de 12.125 a 14.275 hectáreas.
En los Yungas de La Paz, en cambio, la superficie disminuyó 4%, al bajar de 19.230 a 18.430 hectáreas. En el norte paceño también se observó un aumento, aunque más moderado, de 4%, con un crecimiento de 478 a 496 hectáreas.
El reporte de la Unodc también da cuenta de una fuerte caída en las tareas de racionalización y erradicación. En 2025 se intervinieron 2.273 hectáreas, frente a las 10.000 registradas un año antes, lo que representa una reducción del 77%.
La nueva Política Antidroga busca revertir esa tendencia y, según lo expuesto por Oviedo, se apoyará en tres ejes: seguridad ciudadana, salud pública y desarrollo integral. En el plano operativo, el plan contempla una “interdicción estratégica y territorializada”, el fortalecimiento de la Felcn, inteligencia financiera, investigaciones patrimoniales, recuperación de activos y mayor fiscalización de los precursores, además de medidas de prevención.
