Pese a que en Bolivia rige el estado de excepción desde junio, la conflictividad social no mostró una disminución en el tercer trimestre del año, de acuerdo con el último reporte presentado por el defensor del Pueblo, Pedro Callisaya Aro. La autoridad sostuvo que persisten tensiones vinculadas a demandas estructurales y económicas que siguen sin resolverse, entre ellas el acceso a la alimentación y el derecho al empleo.
Callisaya advirtió que la vigencia del estado de excepción no logró contener el malestar social y remarcó la necesidad de reforzar la democracia deliberativa y los espacios de diálogo para evitar que las protestas escalen en violencia. Su evaluación fue expuesta al dar a conocer el Reporte de Conflictividad en Bolivia, correspondiente a la tercera entrega trimestral de la gestión 2026.
De acuerdo con el documento difundido por la Defensoría del Pueblo, en ese periodo se registraron 168 eventos a escala nacional, de los cuales 109 correspondieron a conflictos concretados y 59 quedaron en calidad de anuncios. El reporte señala además que la tensión social se concentró principalmente en el eje central del país.
La institución informó también que intervino oportunamente en el 42% de los conflictos detectados, actuando como instancia facilitadora del diálogo. Los datos presentados por la oficina de Callisaya provienen del Sistema Inteligente de Monitoreo, Análisis y Alerta Temprana, conocido como Simat.
Entre los hechos que marcaron el trimestre figura la conflictividad asociada a la eliminación de la subvención del diésel, una medida del Gobierno que, según el reporte, impactó en la economía, el transporte y la alimentación, y generó rechazo multisectorial.
En cuanto a la distribución territorial, La Paz concentró la mayor cantidad de conflictos con el 22%, mientras que Santa Cruz y Cochabamba registraron cada uno el 20%. El informe también detalla que los conflictos de carácter económico fueron los más frecuentes, con 45 registros, seguidos por los vinculados a gobernabilidad, con 14 casos, y los de índole laboral y salarial, también con 14. Más atrás aparecen los relacionados con educación y salud, con siete casos cada uno, y vivienda, con cinco.
