El sector automotor nacional ha elevado una contundente solicitud a las autoridades gubernamentales, urgiendo el fortalecimiento de los controles fronterizos y aduaneros. Esta demanda surge en respuesta a lo que describen como un ingreso masivo y sin regulación de vehículos sin documentación al país, una situación que, según el gremio, se ha visto exacerbada por recientes anuncios de campaña.
La preocupación de la industria se centra en las propuestas realizadas por los candidatos que avanzaron a la segunda vuelta electoral por la Presidencia y Vicepresidencia del Estado. Ambos frentes políticos han coincidido en la intención de regularizar la situación de motorizados que actualmente carecen de la documentación en regla.
Desde la perspectiva del gremio automotor, es imperativo que la Aduana Nacional y las Fuerzas Armadas intensifiquen sus operaciones en las fronteras para contener este flujo descontrolado de vehículos. La institución ha manifestado su profundo rechazo a las iniciativas que plantean una nueva nacionalización de automóviles introducidos de forma ilegal al territorio, es decir, mediante contrabando.
Como un sector formalmente constituido, que contribuye significativamente a la generación de empleo, al aporte tributario y al desarrollo económico del país, se ha subrayado que la legalización de actividades ilícitas es inaceptable. Estas propuestas, argumentan, constituyen una clara vulneración del Estado de Derecho, ya que recompensan el contrabando y el incumplimiento de la normativa, mientras penalizan a las empresas que operan dentro del marco legal, cumpliendo con sus obligaciones fiscales y aduaneras. Además, se advierte que tales medidas desincentivan la inversión y la formalización de la economía.
Las consecuencias de una eventual legalización se prevén graves y de amplio alcance. Se anticipa un incremento en la congestión vehicular, una mayor presión sobre el suministro de combustibles y elevados costos para el Tesoro General de la Nación, debido a la necesidad de destinar más divisas para la importación de diésel. Asimismo, se señala que estas acciones fomentan la ilegalidad y perjudican a otros sectores, sin olvidar que el contrabando de vehículos puede estar vinculado a actividades delictivas como el lavado de activos y el robo de automotores.
En el mercado, la expectativa de una posible regularización ha generado un notable impacto. Anuncios que promocionan la adquisición de vehículos para una futura nacionalización, abarcando modelos desde 1988 hasta los más recientes, exceptuando los de origen chino, han proliferado en diversos canales. Estos mensajes han inundado las redes sociales desde el inicio de las campañas electorales, especialmente después de que los dos binomios en contienda afirmaran que la medida beneficiaría a más de 250 mil propietarios y generaría ingresos considerables para las arcas estatales.
De hecho, los precios de los vehículos sin documentación, conocidos popularmente como chutos, han experimentado un alza significativa en las numerosas ferias dedicadas a este rubro a lo largo del país, incluyendo localidades como Patacamaya, Challapata, Chimoré, Ivirgarzama, Villa Tunari, Shinahota, Entre Ríos, Bulo Bulo y los Valles cruceños
