Una nueva orden de detención preventiva ha sido dictada contra el exministro Arturo Murillo, esta vez en el marco del proceso judicial por presunta legitimación de ganancias ilícitas, cuya causa se inició a finales de 2023. El Tribunal Sexto de Sentencia de La Paz, donde el caso se encuentra en fase de juicio, ha determinado que el exfuncionario sea recluido en el penal de San Pedro.
La acusación se fundamenta en la presunta captación de fondos obtenidos a través de la intermediación en contratos para la adquisición de gases lacrimógenos durante los años 2019 y 2020. Estos recursos económicos habrían sido depositados en cinco cajas de seguridad.
Durante su periodo como ministro, se descubrió que Murillo habría alquilado cajas de seguridad en una conocida entidad bancaria boliviana para almacenar dinero en efectivo. Los movimientos financieros que revelaron esta situación salieron a la luz tras una transacción efectuada por el exministro mientras se encontraba fuera del país.
Según la imputación formal, la administración de estas cuentas habría sido delegada a su excuñado, Daniel Leonardo Aliss Paredes. Además, se identificaron depósitos de particulares en dichas cuentas, lo que llevó a la aprehensión de una segunda persona, Ivar Víctor Gómez Apata.
Cabe recordar que en agosto de 2022 se tramitó la declaratoria de rebeldía de Murillo, aunque en aquel momento no se solicitó su aprehensión, quedando pendiente una resolución fiscal que posteriormente fue emitida.
Se presume que el exministro, con la colaboración de familiares y exmiembros de su gabinete, habría adquirido bienes inmuebles con el propósito de dar una apariencia de legalidad a los capitales obtenidos de forma ilícita.
La defensa legal de Murillo ha manifestado que todos los bienes del exministro se encuentran embargados, y que, en la actualidad, su único lugar de permanencia es el centro penitenciario de San Pedro.
Esta reciente medida cautelar se suma a otras tres órdenes de detención preventiva ya existentes contra la exautoridad, vinculadas a los casos conocidos como ‘gases Brasil’, ‘gases Ecuador’ y ‘catering’. Mientras que en el caso de ‘gases Brasil’ se ha establecido un plazo de seis meses para la detención, los otros expedientes no especifican un término definido
