El aspirante a diputado por la Unión Demócrata Independiente (UDI) en Arica, Sebastián Huerta, ha presentado una controvertida propuesta que busca la reinstalación de minas terrestres en la zona fronteriza con Bolivia. Esta medida, según Huerta, tiene como objetivo principal contener el flujo de migrantes irregulares en la región, aunque contraviene normativas internacionales y podría generar tensiones diplomáticas.
En sus declaraciones, el candidato ha expresado una profunda preocupación por lo que describe como una situación desbordada en el norte chileno, atribuyéndola al crimen organizado y a la migración proveniente de Bolivia. Argumenta que la región de Arica y Parinacota se encuentra bajo una presión significativa debido a la inseguridad y a un volumen migratorio inmanejable. Para revertir esta situación, Huerta propone, además de la siembra de minas, otorgar mayores facultades a las fuerzas militares y establecer sanciones severas para quienes ingresen al país de forma irregular. Ha enfatizado la necesidad de que aquellos que cruzan la frontera sin documentación enfrenten castigos duros y ejemplares, señalando que la falta de consecuencias para el ingreso ilegal es un problema que debe abordarse con firmeza.
La región de Arica y Parinacota, ubicada en un punto estratégico, limita al norte con Perú, al este con Bolivia y al oeste con el Océano Pacífico, lo que la convierte en una de las principales rutas de tránsito para la migración hacia Chile.
La propuesta de Huerta choca directamente con la Convención de Ottawa, un tratado internacional de 1997 que ha sido ratificado por 160 naciones, incluyendo a Chile y Bolivia. Este acuerdo prohíbe de manera explícita el uso, almacenamiento, producción y transferencia de minas antipersonales, y obliga a los estados firmantes a proceder con su eliminación.
Históricamente, Chile desplegó miles de minas antipersonales y antitanques en sus fronteras con Perú y Bolivia durante el régimen militar de Augusto Pinochet (1973-1990). Esta acción fue una respuesta a la postura de ambos países tras el golpe de Estado. En años recientes, se han realizado importantes esfuerzos de desminado; para 2017, se había informado que aproximadamente el 80% de estos artefactos explosivos, unas 181.000 minas, ya habían sido retirados, quedando un remanente de alrededor de 16.000 que se esperaba eliminar antes de 2020.
No es la primera vez que Sebastián Huerta genera controversia con declaraciones dirigidas a Bolivia. Previamente, había sugerido que si el país andino procedía a legalizar los denominados autos chutos –vehículos robados que supuestamente ingresan desde Chile–, se debería considerar la retirada del visado Mercosur a los ciudadanos bolivianos. En aquella ocasión, su argumento fue que no se deberían conceder beneficios a una nación que busca legitimar bienes sustraídos.
La actual propuesta de reinstalar campos minados no solo intensifica el debate sobre la política migratoria entre Chile y Bolivia, sino que también corre el riesgo de reavivar antiguas disputas limítrofes y sensibilidades históricas en la región
