Un estudio del Centro de Documentación e Información Bolivia (CEDIB) encendió las alertas sobre la contaminación detectada en las cuencas de los ríos Pilcomayo y San Juan del Oro, donde se identificó la presencia de mercurio y otros metales pesados vinculados a la actividad minera, principalmente en zonas de Tarija y Potosí. La advertencia fue dirigida a autoridades e instituciones nacionales, departamentales y municipales de Tarija, Potosí y Chuquisaca, ante el avance de una problemática que, según el análisis, se agrava por la explotación ilegal de oro y otros minerales en el sur del país.
El investigador del CEDIB, Gonzalo Mondaca, explicó que el estudio realizado en ambas cuencas confirmó contaminación por mercurio y otros metales pesados utilizados en la actividad minera. Recordó además que estos ríos ya arrastraban problemas por la presencia de residuos de cadmio, plomo, estaño y zinc, por lo que la incorporación del mercurio en la explotación aurífera profundiza el daño y suma riesgos para la salud humana, la producción piscícola y los ecosistemas.
En ese escenario, el asambleísta departamental por San Lorenzo, Luis Sosa, afirmó que instituciones y familias campesinas de los municipios de Yunchará y El Puente vienen denunciando que la minería ilegal sigue generando preocupación tanto en la zona alta como en la cuenca baja de ambos municipios. Atribuyó esta situación a la ausencia del Estado y a la falta de control por parte de las autoridades competentes.
La alcaldesa de El Puente, Sara Armella, también expresó su preocupación por el crecimiento de la actividad minera y cuestionó la distribución de las regalías. Señaló que el municipio solo recibe ingresos por la explotación de piedra caliza, mientras que otros recursos como oro, arcilla, arena, plomo, zinc y cal serían extraídos presuntamente de manera ilegal. Según explicó, estas actividades utilizan sustancias químicas que afectan las cuencas hídricas y no dejan ingresos por regalías al municipio.
Desde Yunchará, el alcalde Agustín Casasola sostuvo que la contaminación de los ríos San Juan del Oro y Pilcomayo es consecuencia directa de la actividad minera. Recordó que un estudio de laboratorio encargado por el Gobierno Municipal de Yunchará y la Gobernación de Tarija confirmó la presencia de residuos de al menos nueve metales por encima de los límites permisibles. También cuestionó la falta de una intervención efectiva de las autoridades nacionales y departamentales para frenar la contaminación en la región.
La preocupación por la minería en la zona alta del departamento no es nueva. La Autoridad Jurisdiccional Administrativa Minera (AJAM) viene detectando e interviniendo desde 2022 campamentos equipados y con personal dedicado a la explotación de minerales, pero sin autorización ni fiscalización.
La alarma también se extendió entre los pueblos indígenas y comunidades campesinas afectadas. Familias de los pueblos Weenhayek, Guaraní y Tapiete, junto con comunidades campesinas de Tarija, se declararon en estado de emergencia por la contaminación minera que impacta al río Pilcomayo y a sus afluentes, entre ellos el San Juan del Oro. De acuerdo con sus dirigentes, el problema está relacionado con derrames tóxicos, colapsos de piscinas de sedimentación y pasivos ambientales de cooperativas mineras que operan en la cuenca alta, principalmente en Potosí, a lo que se suma el uso creciente de mercurio en la explotación aurífera.
El asambleísta departamental por el pueblo guaraní, Andrés Segundo, señaló que análisis de laboratorio e informes ambientales detectaron plomo, arsénico y mercurio en el agua y en peces como el sábalo. Indicó además que los niveles superan los límites permitidos por la Organización Mundial de la Salud (OMS).
Frente a este panorama, los representantes indígenas pidieron la intervención de las autoridades nacionales y departamentales para evitar mayores daños a la producción piscícola y proteger la salud de las comunidades originarias y campesinas. En la misma línea, un informe presentado por autoridades departamentales en 2023 ya había advertido sobre elevados niveles de algunos minerales en el agua del Pilcomayo y en los sábalos, lo que representa un riesgo para esa actividad.
Ese documento recomendó a las instituciones públicas implementar programas y proyectos de control y monitoreo de la actividad minera en Tarija y Potosí, con el objetivo de reducir la contaminación y resguardar los recursos naturales.
