La Confederación de Empresarios Privados de Bolivia (CEPB) expresó su respaldo a las recientes medidas adoptadas por el Gobierno nacional para encarar la estabilización de la economía, aunque al mismo tiempo planteó la necesidad de impulsar reformas urgentes que permitan atraer inversiones, fortalecer al aparato productivo y proteger a los sectores más vulnerables ante eventuales riesgos de contracción.
En un comunicado difundido este domingo, la organización empresarial destacó “la importancia y pertinencia de las recientes medidas adoptadas por el Gobierno nacional para avanzar en la estabilización, el sinceramiento y el ordenamiento de la economía”. En esa línea, valoró la Ley 1765 vinculada al acuerdo de financiamiento con el Fondo Monetario Internacional, al considerar que abre paso a reformas que pueden contribuir a recuperar la estabilidad financiera y el crecimiento en el mediano plazo.
La CEPB también respaldó el Decreto Supremo 5716, enfocado en transparentar los precios de los carburantes y combatir el contrabando, así como el Decreto Supremo 5707, orientado a preservar el orden público y garantizar la libre circulación frente a bloqueos que afectan el abastecimiento normal.
Pese a ese apoyo, el empresariado manifestó preocupación por los efectos que el proceso de ajuste podría tener sobre la actividad de los sectores productivos, el comercio y los servicios. Advirtió además sobre la posibilidad de una etapa de contracción con impacto en el crecimiento, el empleo y la capacidad de las empresas para sostener sus operaciones.
La organización puso especial énfasis en la situación de las empresas medianas y pequeñas, a las que calificó como particularmente delicadas frente al contexto actual. En ese marco, alertó que una nueva carga regulatoria, tributaria, financiera o laboral podría derivar en cierres, pérdida de empleos, menor inversión y una crisis más amplia que terminaría debilitando los objetivos mismos de la recuperación económica.
“Las empresas deben constituirse en una prioridad nacional”, señaló la CEPB, al insistir en que el país necesita medidas de protección social incluidas en un plan integral, expedito y focalizado. Según su planteamiento, ese esquema debería proteger a los sectores más vulnerables, preservar el empleo y evitar que los costos de la transición económica recaigan sobre quienes tienen menor capacidad para enfrentarlos.
Bajo la idea de que “el país debe pasar rápidamente del ajuste al crecimiento”, la institución pidió al Gobierno que, durante lo que resta del año, priorice la aprobación de normativa económica clave bajo los principios de seguridad jurídica y estabilidad. Entre las sugerencias incluyó ajustes a las leyes de Inversiones, Minería e Hidrocarburos, además del Código de Comercio y el Código Tributario.
La CEPB sostuvo que esas modificaciones deben concentrarse en objetivos concretos y evitar procesos excesivamente prolongados, controversiales o sometidos a incertidumbre política. ABI
