El sector gremial de Tarija alista nuevas medidas de protesta ante el incremento de los costos que, según sus dirigentes, golpea de forma directa a comerciantes y consumidores. La dirigencia anunció la convocatoria a un ampliado en el que se evaluará la situación económica y se definirán posibles acciones de presión en rechazo al denominado «decretazo».
La decisión surge en un contexto nacional marcado por el aumento del precio del diésel, que pasó de Bs 9,80 a Bs 17,95 por litro tras la eliminación de la subvención. Ese cambio provocó reacciones en distintas organizaciones sociales, entre ellas transportistas y comerciantes, que advierten un impacto inmediato en los costos de traslado, distribución y venta de productos.
En Tarija, el sector gremial planteó al Gobierno nacional un plazo de 24 horas para dejar sin efecto la normativa cuestionada. Si no existe una respuesta favorable, los dirigentes prevén activar medidas de protesta cuya modalidad y alcance serán definidos en la reunión ampliada.
El anuncio se suma a las movilizaciones que ya se registraron en otras ciudades del país. En Sucre, representantes gremiales salieron a las calles para expresar su rechazo al Decreto Supremo 5716, vinculado a la eliminación de la subvención al diésel, y también cuestionaron el incremento de los pasajes y de otros precios.
Para los comerciantes, la preocupación no se limita al costo del combustible. El encarecimiento del transporte impacta en el traslado de mercadería desde los centros de producción y distribución hasta los mercados, mientras que el aumento de los gastos de operación puede trasladarse de manera progresiva al precio final de los productos.
Esa situación adquiere mayor relevancia para los sectores que dependen del movimiento constante de mercancías. El alza de fletes, pasajes y otros costos logísticos puede reducir los márgenes de los pequeños comerciantes y, al mismo tiempo, presionar el precio que debe asumir el consumidor.
La reacción gremial también se da en medio de una mayor coordinación entre sectores que cuestionan el nuevo esquema de precios de los carburantes. En los últimos días, organizaciones de transportistas anunciaron ampliados y medidas de presión para exigir cambios en la política aplicada por el Gobierno. Algunas dirigencias incluso plantearon la posibilidad de paros y bloqueos si no reciben respuesta.
En ese marco, el sector gremial tarijeño deberá definir ahora el alcance de sus acciones. El ampliado anunciado tendrá la tarea de construir una posición común frente al Gobierno nacional y establecer si las protestas se limitarán a movilizaciones, marchas y concentraciones o si se incorporarán otras medidas de presión.
La convocatoria también se produce en un momento de tensiones internas dentro de la organización gremial tarijeña. Días atrás, representantes de distintos mercados realizaron una vigilia y bloquearon el ingreso a un Congreso de Gremiales, donde plantearon observaciones sobre la representación y pidieron la realización de nuevas elecciones.
Ese antecedente podría sumar un nuevo elemento de debate dentro del sector, debido a la necesidad de contar con una representación común para asumir decisiones frente a las medidas económicas del Gobierno.
Mientras el Ejecutivo mantiene la nueva estructura de precios del combustible, las organizaciones sociales buscan que la normativa sea modificada o abrogada. En el caso del transporte, las protestas ya están vinculadas con la revisión de tarifas y con el impacto del combustible sobre los costos de operación. En el sector gremial, la preocupación se concentra en el efecto acumulativo que los mayores costos pueden tener sobre el comercio y el consumo.
El ampliado anunciado para las próximas horas será, así, el espacio en el que los dirigentes definirán si avanzan hacia nuevas movilizaciones y qué características tendrán las medidas de presión. La respuesta del Gobierno al plazo planteado también será determinante en las decisiones que adopte el sector.