La discusión sobre una nueva distribución de los recursos nacionales volvió a instalarse con fuerza en Tarija, aunque esta vez con una advertencia desde la propia Brigada Parlamentaria: el planteamiento del 50/50 no puede asumirse como una medida inmediata ni como una respuesta simple a la demanda regional.
Gabriel Corvera, presidente de la Brigada Parlamentaria de Tarija, expuso esa posición durante su participación en el programa Parlamento de elpais.bo, donde sostuvo que una redistribución de esa magnitud exige antes tres cambios de fondo: una nueva ley de financiamiento, un nuevo pacto fiscal y modificaciones en la Constitución Política del Estado en lo referido a competencias.
Según su criterio, sin esos tres componentes el 50/50 no tendría sostenibilidad. Por eso, considera que 2027 queda fuera de una aplicación real de esa propuesta, debido a que los presupuestos de las entidades subnacionales ya fueron elaborados sin contemplar una redistribución de ese tipo. En su visión, el debate debe trasladarse a los siguientes años y centrarse primero en construir las condiciones jurídicas y financieras que permitan replantear la relación entre el Estado central y las entidades territoriales.
Corvera no descarta la demanda regional, pero propone que el proceso no se encare desde una lógica de rechazo o aceptación inmediata. Su planteamiento apunta a un camino gradual, en el que primero se revise la actual distribución de recursos y se evalúe la posibilidad de incrementar la participación de las regiones antes de llegar a un esquema plenamente equilibrado.
Durante la entrevista, señaló que hoy las entidades territoriales reciben una proporción menor de recursos en comparación con el peso que mantienen las direcciones y entidades descentralizadas del Gobierno central. A partir de esa diferencia, considera que podría pensarse en una devolución inicial mayor a las regiones, como paso previo hacia una distribución más cercana al 50/50.
En esa misma línea, planteó la necesidad de revisar el tamaño y funcionamiento del aparato estatal, incluyendo empresas deficitarias y otras estructuras que podrían ser ajustadas para generar espacio fiscal. Desde su perspectiva, ese tipo de revisión permitiría abrir margen para una transferencia mayor de recursos hacia los gobiernos subnacionales sin comprometer la sostenibilidad financiera del Estado.
La discusión, en consecuencia, deja de centrarse únicamente en el porcentaje final y pasa a enfocarse en el camino necesario para llegar a él. Para Corvera, el problema no es solo cuánto debe recibir cada nivel de gobierno, sino cómo construir una estructura que permita sostener esa distribución en el tiempo.
Otro de los puntos que el presidente de la Brigada Parlamentaria puso sobre la mesa es la descentralización de competencias. Como ejemplo, mencionó el área educativa y la posibilidad de que las direcciones departamentales de Educación pasen a depender de las gobernaciones. Sin embargo, remarcó que cualquier transferencia de ese tipo debe ir acompañada de recursos suficientes para financiarla.
La preocupación, dijo, no se limita a quién administra una competencia, sino a con qué presupuesto y con qué capacidad de decisión se la ejerce. Desde esa lógica, la autonomía no debería reducirse a una definición política o administrativa, sino incluir también la capacidad real de resolver problemas en el territorio con respaldo financiero.
El debate sobre el 50/50 también vuelve a colocar en primer plano la necesidad de un nuevo pacto fiscal, una demanda que se repite desde las regiones. Pero Corvera insiste en que ese pacto no puede limitarse a una discusión sobre porcentajes. A su juicio, también debe definir quién recauda, quién gasta, qué competencias corresponden a cada nivel del Estado y cómo se financian esas responsabilidades.
Ese es uno de los aspectos que, según expuso, deberían resolverse antes de intentar aplicar una redistribución de recursos. Por eso, su posición abre una discusión más estructural sobre el modelo de Estado autonómico y sobre la viabilidad financiera de las responsabilidades que cada nivel de gobierno debe asumir.
En paralelo, la Brigada Parlamentaria mantiene en su agenda la abrogación de la norma que retiene el 12% de los recursos del Impuesto Directo a los Hidrocarburos. Corvera afirmó que también se trabaja en una propuesta para devolver esos recursos a las alcaldías y universidades.
En Tarija, ese tema conserva una relevancia particular por el peso histórico que tuvieron los hidrocarburos en las finanzas públicas departamentales. Sin embargo, el propio debate por los recursos ya no puede separarse de la caída de la producción de gas ni de la necesidad de construir una nueva estructura económica.
Así, el planteamiento de Corvera coloca el foco en una discusión que va más allá de una sola
