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Cuatro efectivos policiales fueron aprehendidos en el Centro de Readaptación Santo Domingo de Cantumarca, en la ciudad de Potosí, dentro de una investigación abierta por el presunto delito de uso indebido de influencias, luego de que se detectaran posibles irregularidades vinculadas con el acceso a teléfonos celulares por parte del privado de libertad Roger Mariaca.

La información fue confirmada por el fiscal general del Estado a. i., José Armando Urioste Viera, quien identificó a los investigados como Darwin O. H. Ch., César E. S. Y., Noé G. F. y Josué G. M., este último en calidad de asesor jurídico del recinto penitenciario. Según explicó la autoridad, los funcionarios habrían facilitado dispositivos móviles a Mariaca para que mantuviera contacto con personas del exterior, una situación que, de acuerdo con la Fiscalía, podría comprometer el curso de las investigaciones.

Urioste sostuvo que en las indagaciones se evidenció que el privado de libertad se comunicaba con personas ajenas al penal y que, a partir de ello, se habría configurado un presunto tráfico de influencias. En ese marco, señaló que las actuaciones bajo investigación podrían haber implicado una protección irregular hacia una persona que cumple detención preventiva.

La pesquisa se activó a partir de un informe de inteligencia que llegó al director del centro penitenciario el 22 de octubre de 2026. Ese reporte advertía sobre la presunta tenencia de un teléfono celular por parte de Mariaca, lo que motivó una requisa en el recinto. Sin embargo, en ese primer operativo no se logró encontrar el dispositivo.

Posteriormente, las autoridades entrevistaron a los custodios y, durante ese proceso, identificaron al asesor jurídico como la persona que presuntamente le facilitaba su teléfono al interno. Además, se habría detectado que otros custodios portaban teléfonos móviles dentro del área de celdas sin la autorización ni el registro correspondientes, aspecto que también forma parte de la investigación.

El caso continúa en etapa preliminar y el Ministerio Público busca establecer el grado de participación de cada uno de los aprehendidos, así como determinar si existieron acciones destinadas a favorecer al privado de libertad o a obstaculizar el avance de la investigación. La Fiscalía anunció que presentará la imputación contra los cuatro investigados y que solicitará la aplicación de medidas cautelares, cuya definición quedará en manos de la autoridad jurisdiccional.

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