El sorpresivo autoexilio del presidente del Tribunal Supremo de Justicia, Romel Saucedo, generó una ola de reacciones entre políticos, dirigentes y observadores, quienes interpretaron su decisión como una señal del deterioro institucional y de la crisis que atraviesa la justicia boliviana.
La noticia, que tomó por sorpresa a distintos sectores, fue leída como una muestra del quiebre del sistema judicial. Para el exparlamentario y vocero de la alianza Libre, Adrián Vega, la captura de un fiscal general y la salida del país de una máxima autoridad judicial reflejan el derrumbe del orden institucional. A su juicio, la situación evidencia también el fracaso de la gestión gubernamental para resolver problemas básicos que, según dijo, debían cambiar con la nueva etapa política.
Vega cuestionó además que Saucedo afirme sentirse más seguro fuera de Bolivia, sobre todo tratándose de una autoridad que, en su criterio, debería garantizar precisamente la seguridad, la transparencia, el orden y la institucionalidad. Consideró llamativo que una persona con esas responsabilidades opte por salir del país alegando amenazas de muerte y falta de protección.
En la misma línea, el diputado nacional José Luis Porcel calificó la situación como muy preocupante y sostuvo que deja en evidencia la falta de confianza en la justicia, incluso en un contexto democrático en el que, según dijo, debería prevalecer el funcionamiento pleno de las instituciones. Señaló que, en principio, rige la presunción de inocencia y que resulta inquietante que una autoridad judicial llegue a actuar de esa manera, lo que a su juicio revela problemas serios al interior del Poder Judicial.
Desde la Gobernación de Tarija, el director de Autonomía, Esteban Ortuño, afirmó que el autoexilio de Saucedo obliga a replantear el panorama institucional. Recordó que se había convocado a Sala Plena del Tribunal Supremo de Justicia en medio de la expectativa de una recomposición interna, tras el anuncio de una posible renuncia. Sin embargo, advirtió que el hecho de que la máxima autoridad judicial del país no confíe en la justicia plantea una pregunta de fondo sobre lo que queda para el resto de la ciudadanía.
Ortuño sostuvo que la crisis judicial no es nueva, aunque admitió que no se esperaba que alcanzara este nivel. En su criterio, corresponde al propio TSJ devolver la confianza a la población. También alertó que, si no se adoptan medidas prontas y oportunas, podrían generarse desajustes en los fundamentos mismos del Estado.
El abogado Igor Pedraza también expresó su preocupación por la decisión de Saucedo y dijo que resulta grave que el presidente del Órgano Judicial no confíe en la justicia que él mismo encabeza. A su juicio, esa situación “da mucho que pensar” y debería alarmar a los bolivianos.
Desde el ámbito campesino, el dirigente Herber Quispe Jurado lamentó que, tras las elecciones, se hubiera generado expectativa sobre cambios profundos en el país, incluida la elección del fiscal general. Sin embargo, consideró que ahora vuelve a instalarse la idea de que todo seguirá igual, con una justicia controlada por unos pocos. Dijo que el pueblo todavía tenía esperanza en una justicia para todos, sin distinción entre ricos y pobres, y sostuvo que, en el caso de Saucedo, su salida del país refleja que no ve garantías suficientes y opta por resguardarse fuera de Bolivia.
