Los abogados de Sebastián Marset presentaron una impugnación contra el registro de un teléfono celular incautado en Santa Cruz de la Sierra, Bolivia, y pidieron a un juez federal de Estados Unidos que detenga el análisis del dispositivo hasta que el Gobierno aclare cómo pasó a tenerlo bajo su control y bajo qué procedimientos se extrajo la información.
La solicitud fue presentada el 23 de octubre ante el juez Rossie Alston Jr., de la Corte Federal del Distrito Este de Virginia. En el escrito, la defensa pone en duda las circunstancias en que fue encontrado el aparato, la ausencia de documentación oportuna sobre su custodia y la legalidad del registro realizado por agentes de la Administración para el Control de Drogas, la DEA.
De acuerdo con los abogados, el teléfono fue remitido por las autoridades bolivianas a la DEA a mediados de abril, pero no apareció en la documentación judicial entregada a la defensa hasta finales de julio. También sostienen que no se les informó a tiempo sobre la existencia del dispositivo, pese a que podría contener información relevante para la investigación.
En su planteamiento, los abogados afirmaron que, al parecer, no se elaboró ningún informe contemporáneo sobre la cadena de custodia. Esa observación forma parte de los cuestionamientos que, según una publicación del Organized Crime and Corruption Reporting Project, fueron incluidos en el recurso presentado ante el juez.
La defensa además asegura que la DEA confirmó que sus agentes extrajeron datos del teléfono sin una orden judicial. Según el argumento atribuido al agente, no habría sido necesaria una autorización específica porque Marset habría consentido antes el registro de otros dispositivos. Sin embargo, los abogados sostienen que ese supuesto consentimiento no justificaría el procedimiento aplicado al cuarto teléfono.
La Fiscalía estadounidense mantiene que Marset utilizaba cuatro celulares para acceder a cuentas de criptomonedas por un monto de $us 4 millones. Aun así, la defensa busca que el juez revise primero cómo se obtuvo y procesó la información antes de permitir que el aparato siga siendo utilizado como prueba dentro del caso.
La objeción al teléfono se suma a otras acciones impulsadas por la defensa con el objetivo de lograr que se desestimen cargos o se excluyan pruebas del proceso contra Marset, quien fue arrestado el 13 de marzo de 2026 durante un operativo en Santa Cruz de la Sierra y luego trasladado a Estados Unidos.
El uruguayo enfrenta acusaciones federales relacionadas con narcotráfico, lavado de dinero y narcoterrorismo. Sus abogados han cuestionado, entre otros puntos, la jurisdicción de la Justicia estadounidense, la validez del cargo de lavado de dinero y el uso de presuntos vínculos con organizaciones criminales sudamericanas para sostener la acusación por narcoterrorismo.
En septiembre, durante una audiencia previa al juicio, la defensa también objetó la forma en que se obtuvieron ciertas declaraciones después de la captura en Bolivia y planteó reparos sobre el acceso oportuno a asistencia legal durante el traslado. La Fiscalía, por su parte, defiende la validez de su investigación y afirma que cuenta con elementos suficientes para sostener los cargos.
El juez Alston tiene previsto resolver las mociones de la defensa antes del 6 de noviembre, según los antecedentes difundidos sobre el proceso. Sus decisiones podrían definir qué cargos y qué pruebas se mantienen de cara al juicio, fijado para comienzos de 2027.
El caso se desarrolla en paralelo a investigaciones en Bolivia, donde avanzan pesquisas por presuntos vínculos de funcionarios y policías con Marset, además de supuestas irregularidades en el manejo de objetos hallados en inmuebles relacionados con el uruguayo.
En una de esas causas fueron enviados a prisión los exfiscales Róger Mariaca, Alberto Zeballos y Martín Irusta, así como el policía Álvaro Aparicio, por presuntos hechos vinculados con protección al narcotraficante. Las responsabilidades individuales deberán determinarse dentro de los procesos correspondientes.
En otra investigación, relacionada con el presunto hurto de maletas y objetos de valor de la vivienda de Marset, el exjefe de Inteligencia de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Narcotráfico, Marcelo Ferrufino, fue enviado al penal de Palmasola.
Además, el capitán de Policía Guillermo Ruiz fue aprehendido después de declarar que retiró cuatro maletas de la vivienda y las entregó a sus superiores para que fueran puestas a disposición de la Fiscalía. Según los datos difundidos sobre el caso, debía ser presentado ante un juez cautelar en las horas siguientes a su aprehensión.
Aunque las investigaciones en Bolivia y el proceso federal
